La denuncia fue presentada en junio pasado por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) ante el Instituto Procompetencia, contra los siete bancos del país y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
En la denuncia señalan a los bancos de violentar el libre mercado y causar daño a los usuarios, al acordar la fijación de la tasa de interés corriente, interés moratorio y la fijación de la comisión por cada retiro de efectivo.
A través de una resolución interlocutoria administrativa, Luis Humberto Guzmán, presidente de Procompetencia, no dio lugar a las excepciones de ilegitimidad interpuestas por los representantes de seis bancos y ratificó tener capacidad y competencia para conocer la denuncia.
Pero tras el amparo del TAM a los bancos, Procompetencia debería suspender todo el proceso.
La Red de los Consumidores considera que el amparo sólo beneficia a los cinco bancos que lo solicitaron, que son Bancentro, BAC, Banpro, Banco ProCredit y Citibank. Quedan al margen el BDF, el casi desaparecido Banex y Asobanp, porque éstos no introdujeron ningún recurso y podría seguir el proceso contra ellos.
RED:TAM PREFIRIÓ A LOS BANCOS.
Jorge Eduardo Rooseess, coordinador de Políticas Públicas de la Red de los Consumidores, calificó como "una decepción" que el TAM "favoreciera de esta manera los intereses de los bancos por encima de los miles de usuarios de tarjetas de crédito".
Rooseess sostiene que es un "un amparo ilegal" porque aún no se agotaba el procedimiento administrativo en Procompentencia, ya que el Consejo Directivo del mismo no había emitido una resolución final.
El recurso ante el TAM, presentado por los cinco bancos, se sustenta en desconocer las facultades del Instituto Procompetencia y sólo reconocer las de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) para vigilar al sistema bancario.
Rooseess sostiene que el TAM no se ajustó a las leyes de procedimiento civil, al no tomar en cuenta que "cuando a los bancos se les notificó de la denuncia, en el escrito de incidencia de nulidad que presentaron pidiendo desconocerla, contestaron el fondo de la denuncia y con ello se someten a la autoridad de Procompetencia".
Para Rooseess "los bancos usan su poder económico" para evitar ser investigados.Considera que ahora "está el reto" para que el Instituto Procompetencia "haga respetar su autoridad y facultades", cuando el caso sea conocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)."Le toca demostrar a los consumidores su legitimidad como autoridad recién creada, pero que se le está desconociendo desde un inicio", señaló.
DICEN QUE SIBOIF YA ABRIÓ SU PROCESO
Jaime Pérez Leiva, gerente general del banco ProCredit, dijo a LA PRENSA que se sumaron a pedir el amparo porque, en principio, no debió su entidad ser parte de la denuncia porque no es emisora de tarjetas de crédito.
Pérez Leiva afirmó que "coinciden en el criterio" con el resto de entidades bancarias, en que por la Ley de Bancos y de la Superintendencia, ésta "es el ente regulador, quien tiene que realizar este tipo de procesos".
"Estamos bajo la jurisdicción de la Superintendencia de Bancos. Por eso decimos que Procompetencia no puede ir por encima de la ley", indicó.
El banquero recordó que la Siboif abrió un proceso sobre la denuncia de prácticas anticompetitivas, por los intereses de las tarjetas de crédito que hizo la Red de los Consumidores y por tanto es la única autoridad y su decisión la que van a aceptar.
Carlos Briceño, gerente general de Bancentro, al ser consultado dijo que no podía responder porque en ese momento no conocía el fondo legal del caso.
Fuente:La Prensa
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