10 años de Fenosa, una década de martirio Fue culminación de entrega a pedazos de soberanía energética

* Alemán, Bolaños, los diputados y organismos internacionales se empeñaron en que producción, trasmisión y distribución de energía pasara a manos privadas * Ofrecieron más calidad y precios más bajos, lo que resultó totalmente lo contrario y los 115 millones de dólares por la venta, se hicieron humo * La respuesta del gobierno Ortega a los “neoliberales” fue tapar la falta de producción con diesel y búnker y hacerse socio de la distribución

Oliver Gómez

END - Primera Entrega - 21:35 - 18/10/2010

Diez años de registrar operaciones en Nicaragua cumple hoy el grupo Unión Fenosa. Son tres mil 650 días los que han transcurrido desde que el gobierno de Arnoldo Alemán le entregó el segmento de distribución de la fragmentada Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, bajo el argumento político y financiero de que era el mejor camino para alcanzar un servicio de calidad y con precios razonables. Eso hasta hoy es lo mismo para los usuarios: tan sólo una promesa.

Una década después, ni una ni otra cosa se ha cumplido y la deuda con los usuarios ahora es mayor, como resultado de aquel gigantesco operativo que se desencadenó desde las más altas esferas políticas, partidarias y económicas del país, a petición de los organismos financieros internacionales. Eso lo reconocen todos los agentes de la industria eléctrica, y los nicaragüenses hasta hoy lo lamentan en sus facturas y la calidad de su servicio.

Sucedió exactamente un jueves 19 de octubre de 2000, en un acto simbólico y muy protocolario. Juan Ignacio De Álvaro González, máximo representante de Fenosa en nuestro país, recibió los activos y pasivos de la distribución de energía que administraba ENEL. Los entregó Mario Montenegro Castillo, el mismo Presidente Ejecutivo de la estatal nicaragüense, explicando que se trataba de “un convenio por 30 años con opción a renovarlos”.

Pagaron US$ 115 millones

“El precio de compra de las distribuidoras fue de 115 millones de dólares, los que fueron pagados en un solo cheque al momento de la firma de la concesión y enterados en una cuenta del Banco Central de Nicaragua”, explicó Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa.
Katín asegura que la empresa española llega a Nicaragua porque “las oportunidades eran muchas. El país sólo contaba con un 52% de la población con acceso a la electricidad, por lo que había una gran posibilidad de expandir el servicio a más de medio millón de nuevos clientes”.

El ejecutivo de la firma española, técnicos de las compañías generadoras y hasta David Castillo Sánchez, titular del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, aseguran que la historia de Fenosa no se puede explicar sin comprender lo que sucedió de forma previa, pues ese acto fue el final de una cadena que privatizó gran parte del componente que produce la energía eléctrica del país: las empresas generadoras.

“Nicaragua ahora tiene que acostumbrarse”

Sin embargo, en aquel acto que tuvo lugar hace una década en las instalaciones de ENEL, luego de recibir la empresa en concesión, el español De Álvaro González sorprendió al país cuando aseguró que “Nicaragua ahora tiene que acostumbrarse porque la energía es un bien de consumo, tiene un costo y hay que pagarlo”. Con una amable sonrisa, el titular de ENEL lo interrumpía para aclarar que las tarifas no sufrirían ningún aumento hasta el año 2002.

Así se consumó todo un proceso que realmente inició nueve años antes, cuando el gobierno de Violeta Barrios, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, inició planes de reestructuración del sector energético, como resultado de estudios realizados por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que entonces comprendía e integraba todo el sector eléctrico.

La primera propuesta de desarticular el sistema estatal de energía, dividir sus segmentos y privatizar la mayor parte, la presentó el BID al gobierno en 1991, como resultado de dicho estudio y “para mejorar la organización institucional, las tarifas y la eficiencia; y responder a la creciente demanda energética del país”, reza el informe en los archivos del INE.

Alemán y Bolaños orquestaron

Pero es el gobierno de Arnoldo Alemán el que ejecuta el plan un mes después de haber “tomado las riendas” del país. Argumentando las recomendaciones del BID y propuestas recientes del Fondo Monetario Internacional, FMI, en febrero de 1997 empieza a ejecutar el Primer Informe de Segmentación de ENEL, un documento donde se detalla que todo el desmembramiento debe cumplirse “en la presente administración de gobierno”.

Desde mediados de 1996, ya se habían divido las funciones normativas y operativas, dejando al INE como ente regulador y crearon ENEL como empresa de generación, transmisión, distribución y comercialización; para cumplir esta “Primera fase para facilitar la segmentación”.

Se trata de la primera parte del plan de Alemán y, en especial, de su vicepresidente Enrique Bolaños Geyer, el cual quedó en evidencia cuando este último asumió paralelamente la presidencia de la Junta Directiva de ENEL y convocó de inmediato a empresas internacionales, para ofrecerles concesiones del sector que produce la energía: la industria de generación.

Para entonces, todavía no existían las condiciones legales para emprender la segmentación y privatización, pero Bolaños Geyer ya estaba negociando y de esta manera aparece en el escenario de los productores de energía (generadoras), la primera firma privada en medio de un sistema estatal.

Privatización empezó dependiendo del petróleo

Se trata de Amfels Inc. de capital estadounidense, cuyos ejecutivos negocian con ENEL dicho contrato en 1996 e instalan sus pequeñas plantas a base de derivados del petróleo al año siguiente, en el camino hacia el balneario El Velero, en León. Todavía permanecen en el mismo sitio, ahora bajo la figura de Corporación Eléctrica de Nicaragua S.A. (Censa).

El acuerdo establece entregar una potencia firme de 30 Megavatios (Mw) de energía y por lo menos 200 Gigavatios (GWh) anuales por un plazo de siete años. La suma de dinero que Amfels pagó por dicha concesión no aparece por ningún lado en los registros de ENEL, y también desapareció ese mismo anexo en los contratos que siguieron.

Sin embargo, las operaciones del proceso de licitación, actas y demás detalles; aparecen de forma minuciosa en el documento “El mercado eléctrico regional: contratos PPA en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, publicado en 2002 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

El contrato con Tipitapa Power fue suscrito el 19 de diciembre de 1997, y es el resultado de una licitación pública internacional, donde la estatal nicaragüense contó con el respaldo y asesoramiento directo del BID. “Esta experiencia sirvió a ENEL para negociar posteriormente la contratación directa de la planta de Corinto (Enron), así como para renegociar y ampliar a una segunda fase el contrato de Censa”, destaca Cepal.

Tipitapa: US$ 43 millones

El convenio con Tipitapa fue por 15 años y vence en marzo de 2014, hasta cuando debe entregar una potencia firme de 50.9 Megavatios. “La inversión estimada total fue de aproximadamente 43 millones de dólares”, subraya el informe del organismo.

Aprovechando esta primera experiencia, Bolaños Geyer aparece otra vez en actas de reuniones con Enron en 1998, que empezó operaciones con su planta en Corinto en octubre de 1999, no sin antes firmar un contrato por 15 años y una capacidad firme de 50 megavatios. Cepal destaca que el convenio es “idéntico al establecido con Tipitapa Power, aunque presenta la particularidad de que fue contratado en forma directa”.

Explican que realmente el convenio comprendía generar 70 megavatios, pero los 20 que se dejaron libres eran “un margen de comercialización a terceros en un futuro inmediato o de exportación a los países vecinos”.

Segunda fase: los diputados aportaron

En este momento inicia la “Segunda fase para facilitar la segmentación de ENEL”, pues los diputados ante la Asamblea Nacional hacen su aporte al aprobar la Ley de la Industria Eléctrica (número 272), el 20 de abril de 1998. De esta manera, la operación quedaba revestida de un marco legal, el mismo que hasta ahora funciona con leves reformas.

Esta nueva herramienta es la causa de que la firma estatal organice de inmediato y opere con urgencia la Unidad de Reestructuración de ENEL, que orquestó a partir de este momento todo el proceso de privatización que era anunciado de forma pública. En la Secretaría Ejecutiva de esa entidad fue nombrado Abdel Karim, quien jamás aparece de forma pública o en documentos sin el acompañamiento de Montenegro, el presidente de ENEL.

Hasta esa fecha el gobierno no podía entregar en concesión o venta las plantas estatales debido a la falta de un marco legal, por eso las instalaciones en Tipitapa y Corinto debían construirse una vez firmados los contratos. Sin embargo, la aprobación de esta Ley es lo que permite que el 26 de marzo de 1999, ENEL entregue su división conocida como Geoenel: “Contrato para la rehabilitación y compra de energía de la Central Geotérmica de Momotombo”.

Primera concesión: Planta Momotombo

Lo firmó la compañía israelí Ormat International Inc., y el contrato fue establecido por 15 años. Esta firma debía entregar un Plan Objetivo de Recuperación de la Planta, que incluyó obras de mantenimiento de los pozos existentes y equipos de superficie, mejoramiento del sistema de reinyección y mantenimiento, y perforación de hasta tres pozos en el reservorio profundo.

Y es que según la Cepal, esta planta de energía renovable “sufrió durante la década de los noventa un prolongado proceso de deterioro en su capacidad de generación, de los 70 Mw originales de diseño a 15 Mw que entrega actualmente. Este deterioro fue ocasionado por la disminución del aporte de vapor desde el campo geotérmico, como resultado de la falta de inversión en las instalaciones de campo y en la central”.

Liberan precios de combustibles

Con esa misma Ley 272, también se inició de forma paralela el proceso para el arribo de Fenosa, aunque el presidente Arnoldo Alemán anunciaba en septiembre de 1999, que serían “dos empresas distribuidoras de energía que van a competir entre ellas para que Nicaragua tenga un mejor servicio y mejores tarifas”.

La intervención de Alemán en un acto de gobierno, justamente respondía a una parte del plan. Explicaba el Decreto 106-99 que había firmado y que entraba en vigencia, para derogar el Decreto 56-94 relativo a la importación y comercialización de hidrocarburos.

Con este instrumento que aparece en La Gaceta, diario oficial, número 170, del nueve de septiembre de 1999, Alemán liberó los precios de todos los hidrocarburos a excepción del Gas Licuado de Petróleo, que hasta ahora es regulado y anunciado oficialmente cada semana por el INE. Eso incluyó el precio del Fuel Oil o Búnker, el combustible derivado del petróleo que utilizan las generadoras termoeléctricas.

A mediados del año 2000, todo el escenario avanzaba para la bienvenida de Fenosa en el sector eléctrico de Nicaragua, el cual se consuma en ese preciso momento, cuando ENEL firma los contratos de generación de energía con los ingenios San Antonio, ISA, y Timal. Es decir, Agroinsa Agroindustrial Azucarera S.A. (Timal) y Nicaragua Sugar Estates Ltd. (NSEL).

El plan definitivo

Para entonces, y teniendo un respaldo de producción de energía con las plantas privadas Amfells, Tipitapa Power, Enron, ISA y Timal; ENEL se dispone a completar la división de la empresa y, según sus propios archivos, ofrecer en concesión siete segmentos.

Para la transmisión o transporte de toda la energía de alta tensión, habían previsto crear la Empresa Nacional de Transmisión S.A. (Entrasa), que dejarían en manos del Estado. Sin embargo, en el caso de la generación ya habían entregado en concesión Geoenel, y se disponían a hacer lo mismo con su otra división de energía renovable, Hidroenel, que ahora es la Generadora Hidroeléctrica S.A. (Hidrogesa).

Aparte y con los mismos fines comerciales, la Unidad de Reestructuración de ENEL convirtió en dos plantas únicas todas aquellas que generan con derivados del petróleo: Generadora Eléctrica de Occidente S.A. (Geosa) y Generadora Eléctrica Central S.A. (Gecsa). La primera logró venderla a los mismos dueños de Tipitapa Power (Coastal-El Paso), y la otra todavía la conserva.

Bolaños Gayer resumió esta operación en conferencia de prensa, donde afirmó que la segmentación sería en siete empresas para proceder a su privatización prevista para el 22 de abril del año 2000.

“La segmentación de siete empresas quedará conformada de la siguiente manera: cuatro de generación, dos de distribución y una de transmisión, que será la empresa estatal que regulará y normará toda la política energética estatal”, explicaba Bolaños.

Sólo faltaba adjudicar en concesión las empresas que se encargarían de distribuir esa energía a los consumidores: Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (Disnorte), Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (Dissur). El Grupo Unión Fenosa fue declarado ganador de ambas concesiones el 12 de septiembre de 2000, cuando se abrieron los sobres de las ofertas en un acto que dejó muchas suspicacias.