miércoles, 27 de octubre de 2010

¿Publicidad Engañosa de Quién?


"Publicidad Engañosa”, una de las prácticas más comunes y perjudiciales que las empresas practican con el objetivo de atraer o retener a sus clientes es lo que han denunciado los directivos de telefónica Claro en contra de su única competencia, Movistar.

Movistar con más de un millón de usuarios, es administrada por Telefónica de España, mientras que Claro, con más de dos millones de usuarios, es administrada por la América Móvil del mexicano Carlos Slim.

La denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia), abre la posibilidad para que los organismos de defensa de los consumidores actúan frente a la publicidad engañosa por parte de las dos empresas de la que se quejan a diario los usuarios.

Claro llevo la denuncia a Procompetencia por dos situaciones: la promoción “El Bono Claro” y las tarifas. De acuerdo a la denuncia, según Claro, Movistar en su publicidad desinforma a los usuarios de telefonía celular, con el objetivo de sacar ventaja en lo que constituye una competencia desleal que perjudica al consumidor.

En el sitio web de Claro, indica en qué consiste la promoción “Sólo con tu BONO Claro podes hacer todas tus llamadas de larga distancia internacional Gratis a TODOS los destinos, también lo podes utilizar para realizar llamadas a Celulares Claro y Línea Fija”.

No hay necesidad de suscribir un contrato, no existen requisitos para obtener una línea, sin compromisos, sin pagos mensuales, tus recargas de Claro son en córdobas, podés recargar saldo a tu Claro Prepago en nuestros Centros de Atención, Agentes Autorizados, pulperías, farmacias, supermercados y muchos otros puntos de venta, eligiendo entre los diferentes montos disponibles para recargar, precisa la publicidad de Claro.

Vale señalar que Claro, es una de las empresas de las que más se quejan por “publicidad engañosa” y alteración de tarifas, los usuarios que votan en el Ranking IRS (Irresponsabilidad Social Empresarial), de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC).

Una de las quejas es que obliga a los usuarios de prepago a consumir primero su tiempo comprado y luego al querer usar el saldo promocional no se puede llamar porque debe tener carga en saldo, con lo cual la promoción se torna irreal.

La ley 601, Ley de Promoción de la Competencia, establece en su capítulo de la Competencia Desleal a) Actos de Engaño: Utilizar o difundir indicaciones incorrectas o falsas, omitir las verdaderas, realizar publicidad engañosa, que tengan como resultado crear confusión, error o riesgo de asociación con respecto a otros productos y/o servicios.

Correo para Ciegos trató de comunicarse con los directivos de Claro pero no fue posible.

Fuente:/www.correoparaciegos.com

No videntes marchan exigiendo apertura de un centro de rehabilitación

El Consejo General de Organizaciones de Ciegos de Nicaragua (CGOCN) convocó la mañanade hoy a una marcha hacia la Asamblea Nacional en la cual exigian la apertura de un centro de rehabilitación para los no videntes.

El lema de la marcha fue "No mela negués, tengo derecho a la rehabilitación" ya que según el comunicado de prensa que brindaron se les ha negado el derecho a tener un centro de rehabilitación.

El comunicado de prensa expone que "las asociaciones de ciegos del país han venido luchando por el cumplimiento de los derechos de las personas discapacitadas visuales, especialmente por el derecho de rehabilitación, incidiendo ante el estado para la inclusión en el presupuesto general de la república de una partida que permita el funcionamiento de un centro nacional de uso público, gratuito, accesible a todas las edades y zonas geográficas",

Esto permitirá la inclusión social de estas personas de forma gradual, las cuales tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano nicaragüense. Por ello la RNDC brindará su apoyo a ésta iniciativa de propuesta presupuestaria que presenta este grupo social tan vulnerable en nuestro país.

Monseñor Leopoldo Brenes a favor de los consumidores.

Esta mañana miembros de la RNDC se reunieron con el arzobispo Leopoldo Brenes para exponer su quehacer en pro de los consumidores, con el fin de lograr que la iglesia como principal representante del pueblo haga un llamado a los agentes económicos a la reaponsabilidad social y sobre todo a contribuir con el desarrollo de las buenas relaciones económicas, lo cual hasta éste momento no han cumplido. En esta visita el arzobispo mostró su interés en lo que respecta al bienestar económico de las familias nicaragüenses, en la defensa de sus derechos y sobre todo su disposión para apoyar a nuestra organización.

Al exponer nuestro compromiso de defender los derechos de los consumidores ante una institución pilar en la sociedad como lo es la Iglesia Católica, no pretendemos manipular por medio de la misma a la población sino más bien lograr que ésta tome conciencia de que los principales garantes de su bienestar son ellos mismos.

"Esta sociedad de consumo nos está invadiendo y la formación de la juventud juega un papel muy importante"expresó el arzobispo, el cual a su vez brindó su apoyo para hacer un llamado tanto a los agentes económicos como a los consumidores.

martes, 26 de octubre de 2010

Procompetencia guarda caso bancos hasta tener fallo CSJ

Luis Humberto Guzmán, Presidente del Instituto de Promoción de la Competencia de Nicaragua, Procompetencia, dijo que dicha entidad no se pronunciará acerca de la denuncia contra varios bancos que presentó la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, hasta que sea resuelto un recurso de amparo que llevaron estas instituciones financieras a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Guzmán explicó que Procompetencia abrió el caso y lo aceptaron en junio pasado, pero en este momento se encuentra estancado por la decisión de ampararse que tomaron los diferentes bancos, y mientras eso no se resuelva no habrá una resolución.

Jorge Eduardo Rooseess, coordinador de Políticas Públicas de la Red de Consumidores, explicó que la denuncia la llevaron a Procompetencia en junio pasado porque en lugar de competir, los siete bancos que integran la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), se pusieron de acuerdo para fijar las tasas de interés que cobran en sus tarjetas de crédito, afectando de esta manera a los tarjeta-habientes.

“En lugar de mostrar transparencia y responder a la denuncia, ellos corrieron a poner este recurso de amparo porque se consideran intocables”, dijo Rooseess, al referirse a los directivos del Banco de la Producción (Banpro), del Banco Centroamericano (Bancentro), del Banco de América Central (BAC), del Citibank, Banco Procredit y Banex.

Señaló que en la denuncia incluyeron a los directivos de Asobanp y del Banco de Finanzas, BDF, pero estos últimos no forman parte del recurso de amparo y están dispuestos a enfrentar el caso.

“En opinión de nosotros como Procompetencia, este recurso de amparo no cabe. Y no cabe por una razón fundamental, ya que el recurso de amparo solo cabe cuando se ha agotado la vía administrativa, y en este caso la vía administrativa no está agotada”, precisó Guzmán.

Agregó que “ninguna organización del Estado tiene la posibilidad de perseguir al mercado financiero si es en el caso de conductas prohibidas, como es el caso de la competencia. Si nosotros no lo hacemos, significaría que el mercado financiero es impune”.

Explicó que el caso estaba en el período de 90 días para que las partes aportaran pruebas, “pero hemos tenido una diligencia paralela, como es el recurso de amparo y esto hace que se suspenda el proceso, por lo tanto, se suspende el plazo de los días que está sujeto a prueba, pero el tema en este momento estamos esperando de que sea resuelto en la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.

Agregó que la denuncia contra los bancos siempre fue aceptada y que continúa abierta, aunque en este momento se encuentra interrumpida.

En otro orden, Guzmán agregó que la semana pasada admitieron una denuncia de la compañía telefónica Claro por “publicidad engañosa” contra Movistar, y esta semana esperan pronunciarse acerca de otro recurso, el cual presentó el jueves pasado esta última compañía en contra de la primera.
Fuente: www.elnuevodiario.com.ni

viernes, 22 de octubre de 2010

Entrega 2.3 millones para desarrollo de mercados de tecnología.

La Cooperación Suiza para Centroamérica, firmó un convenio de financiamiento con la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica) por 2.3 millones de dólares, que permitirá ejecutar la segunda fase del proyecto “Desarrollo de Mercados de Tecnología”.

El proyecto pretende contribuir a mejorar la competitividad y los ingresos de las familias rurales en situación de pobreza, las cuales están dedicadas a actividades agropecuarias, explicó el representante de este organismo de cooperación, Peter Bischof.

El cooperante señaló que el proyecto tiene tres componentes; el primero, es el mejoramiento de la oferta local de servicios tecnológicos agropecuarios. El segundo, es la ampliación de la demanda local de tecnologías, y un tercero, es el desarrollo institucional del Funica, para aportar al desarrollo de capacidades metodológicas y de gestión de conocimiento.

Con este financiamiento se iniciará la segunda etapa del proyecto, que ha permitido el desarrollo de pequeñas empresas proveedoras de servicios con tecnología.

La directora de Funica, Auxiliadora Briones valoró como muy positiva la primera etapa del proyecto, ya que inicialmente trabajaron con 45 pequeñas empresas que atendieron a 22 mil usuarios de diversos servicios de tecnología agropecuaria.

Primera fase

“En este sentido, la primera fase como resultado fuerte que podemos medir es que las ventas de servicios tecnológicos de estas pequeñas empresas se elevaron en un 200%“, afirmó Auxiliadora Brenes.

De las 45 empresas se consolidaron 25, que pueden sostenerse sin el financiamiento del proyecto, lo cual es un gran logro, valoró Briones.

El restante, cinco, todavía quedaron débiles y se continuará trabajando con ellas ya que tienen potencial para continuar, mientras que el resto se estará fortaleciendo con la segunda fase.

Las tecnologías que se ofrecen en el proyecto son semillas certificadas, nutrición animal, inseminación artificial, biolaboratorios, plántulas, bioplaguicidas, bioabonos, tecnologías para la reducción de pérdidas postcosechas, microriego, entre otras.

Fuente:www.elnuevodiario.com.ni

jueves, 21 de octubre de 2010

10 años de Fenosa, una década de martirio Fue culminación de entrega a pedazos de soberanía energética

* Alemán, Bolaños, los diputados y organismos internacionales se empeñaron en que producción, trasmisión y distribución de energía pasara a manos privadas * Ofrecieron más calidad y precios más bajos, lo que resultó totalmente lo contrario y los 115 millones de dólares por la venta, se hicieron humo * La respuesta del gobierno Ortega a los “neoliberales” fue tapar la falta de producción con diesel y búnker y hacerse socio de la distribución

Oliver Gómez

END - Primera Entrega - 21:35 - 18/10/2010


Diez años de registrar operaciones en Nicaragua cumple hoy el grupo Unión Fenosa. Son tres mil 650 días los que han transcurrido desde que el gobierno de Arnoldo Alemán le entregó el segmento de distribución de la fragmentada Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, bajo el argumento político y financiero de que era el mejor camino para alcanzar un servicio de calidad y con precios razonables. Eso hasta hoy es lo mismo para los usuarios: tan sólo una promesa.

Una década después, ni una ni otra cosa se ha cumplido y la deuda con los usuarios ahora es mayor, como resultado de aquel gigantesco operativo que se desencadenó desde las más altas esferas políticas, partidarias y económicas del país, a petición de los organismos financieros internacionales. Eso lo reconocen todos los agentes de la industria eléctrica, y los nicaragüenses hasta hoy lo lamentan en sus facturas y la calidad de su servicio.


Sucedió exactamente un jueves 19 de octubre de 2000, en un acto simbólico y muy protocolario. Juan Ignacio De Álvaro González, máximo representante de Fenosa en nuestro país, recibió los activos y pasivos de la distribución de energía que administraba ENEL. Los entregó Mario Montenegro Castillo, el mismo Presidente Ejecutivo de la estatal nicaragüense, explicando que se trataba de “un convenio por 30 años con opción a renovarlos”.

Pagaron US$ 115 millones

“El precio de compra de las distribuidoras fue de 115 millones de dólares, los que fueron pagados en un solo cheque al momento de la firma de la concesión y enterados en una cuenta del Banco Central de Nicaragua”, explicó Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa.
Katín asegura que la empresa española llega a Nicaragua porque “las oportunidades eran muchas. El país sólo contaba con un 52% de la población con acceso a la electricidad, por lo que había una gran posibilidad de expandir el servicio a más de medio millón de nuevos clientes”.

El ejecutivo de la firma española, técnicos de las compañías generadoras y hasta David Castillo Sánchez, titular del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, aseguran que la historia de Fenosa no se puede explicar sin comprender lo que sucedió de forma previa, pues ese acto fue el final de una cadena que privatizó gran parte del componente que produce la energía eléctrica del país: las empresas generadoras.

“Nicaragua ahora tiene que acostumbrarse”

Sin embargo, en aquel acto que tuvo lugar hace una década en las instalaciones de ENEL, luego de recibir la empresa en concesión, el español De Álvaro González sorprendió al país cuando aseguró que “Nicaragua ahora tiene que acostumbrarse porque la energía es un bien de consumo, tiene un costo y hay que pagarlo”. Con una amable sonrisa, el titular de ENEL lo interrumpía para aclarar que las tarifas no sufrirían ningún aumento hasta el año 2002.

Así se consumó todo un proceso que realmente inició nueve años antes, cuando el gobierno de Violeta Barrios, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, inició planes de reestructuración del sector energético, como resultado de estudios realizados por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que entonces comprendía e integraba todo el sector eléctrico.


La primera propuesta de desarticular el sistema estatal de energía, dividir sus segmentos y privatizar la mayor parte, la presentó el BID al gobierno en 1991, como resultado de dicho estudio y “para mejorar la organización institucional, las tarifas y la eficiencia; y responder a la creciente demanda energética del país”, reza el informe en los archivos del INE.

Alemán y Bolaños orquestaron

Pero es el gobierno de Arnoldo Alemán el que ejecuta el plan un mes después de haber “tomado las riendas” del país. Argumentando las recomendaciones del BID y propuestas recientes del Fondo Monetario Internacional, FMI, en febrero de 1997 empieza a ejecutar el Primer Informe de Segmentación de ENEL, un documento donde se detalla que todo el desmembramiento debe cumplirse “en la presente administración de gobierno”.

Desde mediados de 1996, ya se habían divido las funciones normativas y operativas, dejando al INE como ente regulador y crearon ENEL como empresa de generación, transmisión, distribución y comercialización; para cumplir esta “Primera fase para facilitar la segmentación”.


Se trata de la primera parte del plan de Alemán y, en especial, de su vicepresidente Enrique Bolaños Geyer, el cual quedó en evidencia cuando este último asumió paralelamente la presidencia de la Junta Directiva de ENEL y convocó de inmediato a empresas internacionales, para ofrecerles concesiones del sector que produce la energía: la industria de generación.


Para entonces, todavía no existían las condiciones legales para emprender la segmentación y privatización, pero Bolaños Geyer ya estaba negociando y de esta manera aparece en el escenario de los productores de energía (generadoras), la primera firma privada en medio de un sistema estatal.

Privatización empezó dependiendo del petróleo

Se trata de Amfels Inc. de capital estadounidense, cuyos ejecutivos negocian con ENEL dicho contrato en 1996 e instalan sus pequeñas plantas a base de derivados del petróleo al año siguiente, en el camino hacia el balneario El Velero, en León. Todavía permanecen en el mismo sitio, ahora bajo la figura de Corporación Eléctrica de Nicaragua S.A. (Censa).

El acuerdo establece entregar una potencia firme de 30 Megavatios (Mw) de energía y por lo menos 200 Gigavatios (GWh) anuales por un plazo de siete años. La suma de dinero que Amfels pagó por dicha concesión no aparece por ningún lado en los registros de ENEL, y también desapareció ese mismo anexo en los contratos que siguieron.


Sin embargo, las operaciones del proceso de licitación, actas y demás detalles; aparecen de forma minuciosa en el documento “El mercado eléctrico regional: contratos PPA en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, publicado en 2002 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.


El contrato con Tipitapa Power fue suscrito el 19 de diciembre de 1997, y es el resultado de una licitación pública internacional, donde la estatal nicaragüense contó con el respaldo y asesoramiento directo del BID. “Esta experiencia sirvió a ENEL para negociar posteriormente la contratación directa de la planta de Corinto (Enron), así como para renegociar y ampliar a una segunda fase el contrato de Censa”, destaca Cepal.

Tipitapa: US$ 43 millones

El convenio con Tipitapa fue por 15 años y vence en marzo de 2014, hasta cuando debe entregar una potencia firme de 50.9 Megavatios. “La inversión estimada total fue de aproximadamente 43 millones de dólares”, subraya el informe del organismo.

Aprovechando esta primera experiencia, Bolaños Geyer aparece otra vez en actas de reuniones con Enron en 1998, que empezó operaciones con su planta en Corinto en octubre de 1999, no sin antes firmar un contrato por 15 años y una capacidad firme de 50 megavatios. Cepal destaca que el convenio es “idéntico al establecido con Tipitapa Power, aunque presenta la particularidad de que fue contratado en forma directa”.


Explican que realmente el convenio comprendía generar 70 megavatios, pero los 20 que se dejaron libres eran “un margen de comercialización a terceros en un futuro inmediato o de exportación a los países vecinos”.

Segunda fase: los diputados aportaron

En este momento inicia la “Segunda fase para facilitar la segmentación de ENEL”, pues los diputados ante la Asamblea Nacional hacen su aporte al aprobar la Ley de la Industria Eléctrica (número 272), el 20 de abril de 1998. De esta manera, la operación quedaba revestida de un marco legal, el mismo que hasta ahora funciona con leves reformas.

Esta nueva herramienta es la causa de que la firma estatal organice de inmediato y opere con urgencia la Unidad de Reestructuración de ENEL, que orquestó a partir de este momento todo el proceso de privatización que era anunciado de forma pública. En la Secretaría Ejecutiva de esa entidad fue nombrado Abdel Karim, quien jamás aparece de forma pública o en documentos sin el acompañamiento de Montenegro, el presidente de ENEL.


Hasta esa fecha el gobierno no podía entregar en concesión o venta las plantas estatales debido a la falta de un marco legal, por eso las instalaciones en Tipitapa y Corinto debían construirse una vez firmados los contratos. Sin embargo, la aprobación de esta Ley es lo que permite que el 26 de marzo de 1999, ENEL entregue su división conocida como Geoenel: “Contrato para la rehabilitación y compra de energía de la Central Geotérmica de Momotombo”.

Primera concesión: Planta Momotombo

Lo firmó la compañía israelí Ormat International Inc., y el contrato fue establecido por 15 años. Esta firma debía entregar un Plan Objetivo de Recuperación de la Planta, que incluyó obras de mantenimiento de los pozos existentes y equipos de superficie, mejoramiento del sistema de reinyección y mantenimiento, y perforación de hasta tres pozos en el reservorio profundo.

Y es que según la Cepal, esta planta de energía renovable “sufrió durante la década de los noventa un prolongado proceso de deterioro en su capacidad de generación, de los 70 Mw originales de diseño a 15 Mw que entrega actualmente. Este deterioro fue ocasionado por la disminución del aporte de vapor desde el campo geotérmico, como resultado de la falta de inversión en las instalaciones de campo y en la central”.

Liberan precios de combustibles

Con esa misma Ley 272, también se inició de forma paralela el proceso para el arribo de Fenosa, aunque el presidente Arnoldo Alemán anunciaba en septiembre de 1999, que serían “dos empresas distribuidoras de energía que van a competir entre ellas para que Nicaragua tenga un mejor servicio y mejores tarifas”.

La intervención de Alemán en un acto de gobierno, justamente respondía a una parte del plan. Explicaba el Decreto 106-99 que había firmado y que entraba en vigencia, para derogar el Decreto 56-94 relativo a la importación y comercialización de hidrocarburos.


Con este instrumento que aparece en La Gaceta, diario oficial, número 170, del nueve de septiembre de 1999, Alemán liberó los precios de todos los hidrocarburos a excepción del Gas Licuado de Petróleo, que hasta ahora es regulado y anunciado oficialmente cada semana por el INE. Eso incluyó el precio del Fuel Oil o Búnker, el combustible derivado del petróleo que utilizan las generadoras termoeléctricas.


A mediados del año 2000, todo el escenario avanzaba para la bienvenida de Fenosa en el sector eléctrico de Nicaragua, el cual se consuma en ese preciso momento, cuando ENEL firma los contratos de generación de energía con los ingenios San Antonio, ISA, y Timal. Es decir, Agroinsa Agroindustrial Azucarera S.A. (Timal) y Nicaragua Sugar Estates Ltd. (NSEL).

El plan definitivo

Para entonces, y teniendo un respaldo de producción de energía con las plantas privadas Amfells, Tipitapa Power, Enron, ISA y Timal; ENEL se dispone a completar la división de la empresa y, según sus propios archivos, ofrecer en concesión siete segmentos.

Para la transmisión o transporte de toda la energía de alta tensión, habían previsto crear la Empresa Nacional de Transmisión S.A. (Entrasa), que dejarían en manos del Estado. Sin embargo, en el caso de la generación ya habían entregado en concesión Geoenel, y se disponían a hacer lo mismo con su otra división de energía renovable, Hidroenel, que ahora es la Generadora Hidroeléctrica S.A. (Hidrogesa).


Aparte y con los mismos fines comerciales, la Unidad de Reestructuración de ENEL convirtió en dos plantas únicas todas aquellas que generan con derivados del petróleo: Generadora Eléctrica de Occidente S.A. (Geosa) y Generadora Eléctrica Central S.A. (Gecsa). La primera logró venderla a los mismos dueños de Tipitapa Power (Coastal-El Paso), y la otra todavía la conserva.


Bolaños Gayer resumió esta operación en conferencia de prensa, donde afirmó que la segmentación sería en siete empresas para proceder a su privatización prevista para el 22 de abril del año 2000.


“La segmentación de siete empresas quedará conformada de la siguiente manera: cuatro de generación, dos de distribución y una de transmisión, que será la empresa estatal que regulará y normará toda la política energética estatal”, explicaba Bolaños.


Sólo faltaba adjudicar en concesión las empresas que se encargarían de distribuir esa energía a los consumidores: Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (Disnorte), Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (Dissur). El Grupo Unión Fenosa fue declarado ganador de ambas concesiones el 12 de septiembre de 2000, cuando se abrieron los sobres de las ofertas en un acto que dejó muchas suspicacias.

La celebración de Fenosa. En diez años el kilovatio hora ha subido 66.48%

* Con esas alzas se ha venido ahogando la economía empresarial y familiar de Nicaragua * Manipulan precio del búnker que, si lo regalara hoy Venezuela, pagaríamos sólo un córdoba menos de cada cuatro que contiene la factura * Calidad es la más atrasada de la región, autorizada por el socio gobierno en el Protocolo de Entendimiento

Oliver Gómez

END - Segunda Entrega - 22:06 - 19/10/2010


La tarifa de energía eléctrica ha subido 66.48% desde hace una década, cuando Unión Fenosa recibió en concesión la Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte) y la Distribuidora de Electricidad del Sur (Dissur). Su calidad del servicio permanece debajo de las demás empresas de Centroamérica, a pesar de que su socio, el gobierno de Daniel Ortega, para alcanzar niveles aceptables mandó a bajarles las exigencias.

Aunque el gobierno de Arnoldo Alemán había prometido un servicio de calidad y precios razonables a cambio de privatizar gran parte del sector energético, lo cierto es que desde el 19 de octubre de 2000 que arribó Fenosa hasta el 31 de octubre de 2010, los funcionarios de la Dirección de Estudios Económicos y Tarifas del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, reportan un total de 37 ajustes a la tarifa, es decir, el indicador que determina el monto de las facturas de los usuarios.

Siete bajas contra 29 alzas

Siete ajustes son a la baja, uno de ellos no afectó el precio promedio y 29 son alzas; según los informes oficiales de los técnicos del INE, quienes explican que al sumar todos los aumentos que se han autorizado en la última década, se trata de una espiral alcista de 101.63%. Las bajas suman un total de 35.15%.

Al evaluar estas dos última cifras se concluye que el precio medio de la energía de Nicaragua en la última década ha registrado un ajuste general de 66.48% a favor de Fenosa y en contra de los clientes, quienes han tenido que asumir cada mes este monto al pagar sus facturas.


Los directivos de las empresas generadoras, funcionarios del INE y ejecutivos de Fenosa, comparten un mismo discurso o explicación para este enorme porcentaje a favor de las alzas: precio del búnker o Fuel Oil.

Precio del bunker: una verdad a medias

David Castillo Sánchez, titular del INE, señala que Fenosa recibió ambas empresas distribuidoras teniendo un precio de unos diez centavos de dólar el kilovatio hora, y, para entonces, el precio del barril de bunker era de unos 20 dólares. “Trabajar en estas condiciones era rentable para todo el sector energético”, explicó.

Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, confirma esos datos y recuerda que, actualmente, el precio medio del kilovatio hora ya no es de diez centavos de dólar como hace una década, sino de 20 centavos.


Castillo, por su parte, recuerda que en este tiempo “tuvimos picos de hasta 106 dólares el barril de bunker, fue en julio de 2008 y eso obligó a realizar ajustes grandes y seguidos. Estamos hablando de que en aquellos días que ellos compraron la empresa (Fenosa), el bunker valía 20 dólares el barril y hoy vale 67 dólares”, señaló.

Una falsa relación

Tomando al pie de la letra esa explicación que ha sido repetida por funcionarios de gobierno de las distintas administraciones y hasta por los diputados ante la Asamblea Nacional, se puede verificar que desde el primer ajuste de tarifas que el INE autorizó y que Fenosa aplicó a partir del primero de enero de 2001, nunca el alza ha guardado relación alguna con el precio del bunker.

Golpean desde el primer ajuste

Fenosa no había cumplido ni tres meses de haber recibido las concesiones de Disnorte y Dissur, y ya estaba aplicando el primer ajuste de tarifas, el cual no se corresponde con la disminución real que había experimentado el precio del bunker tipo “C”. Este combustible que deben comprar las generadoras para producir el 80% de la energía, en enero de 2001 había bajado 13.25%, pero el INE y Fenosa sólo bajaban las tarifa en un 0.14%.

Para esa fecha, el precio del barril de este derivado del petróleo había variado de unos 20 dólares hasta unos 18, y aunque la regla no se cumplía, la disposición se mantuvo hasta agosto de 2002, cuando se aplicó la primera y más fuerte alza que Fenosa ha “recetado” en las facturas, tal y como había prometido el ex presidente ejecutivo de ENEL, Mario Montenegro, cuando entregaba la concesión a la compañía española.


Fue el segundo ajuste de tarifas y las facturas aumentaron en un promedio de 9.06%, aunque el precio del barril de bunker había subido sólo 24.58%. Es decir, que aplicando exactamente la misma regla que se utilizó en el primer caso, el alza no debía llegar siquiera al 0.28%, pero no fue así y aquel primer golpe en los recibos se mantuvo hasta enero de 2003, cuando volvió a subir.


En agosto de 2006, en plena crisis de los apagones, el asunto se repite. El bunker bajó hasta 11.60% pero la tarifa más bien subió 2.88%. En septiembre de 2008 este mismo producto bajó hasta 29%, pero la tarifa subió 6%.

La más clara evidencia

Por si fuera poco, en noviembre de este último año, el asunto quedó en clara evidencia para toda Nicaragua. El precio del barril de Fuel Oil o bunker se había desplomado más de la mitad (-51.95%), pero el INE sólo autorizó una rebaja en las facturas del 12%, la mayor reducción en la historia de tarifas aplicadas por Fenosa.

Por esta última situación y tomando en cuenta esas mismas cifras, es que se confirma la versión de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC). “Eso significa que, inclusive, si el bunker lo regalara Venezuela, la gente dejaría de pagar apenas uno de cada cuatro córdobas que ahora cancela en sus facturas de Fenosa. Hagan sus cálculos y verifiquen”, recomendó Jorge Eduardo Rooseess, activista del organismo.


Katín y Castillo no eran funcionarios de las entidades respectivas para el año 2000, cuando Fenosa llegó al país, sin embargo, aseguran que en el cálculo de la tarifa desde el inicio intervinieron un sin número de elementos donde la situación financiera del sector era determinante y hay que tomarlas en cuenta.


“Yo llegué al INE en noviembre de 2005, en medio de una crisis de déficit de energía (apagones)”, dijo Castillo, “la situación financiera y la falta de generación ya era un problema complejo para todo el sector, pero desde la negociación del Protocolo de Entendimiento ahora tenemos una fórmula para hacer estos cálculos y se hace de una manera más exacta y transparente”, señaló el titular del INE.

Etapas tarifarias

Y es que Fenosa recibió las dos distribuidoras pero el Estado también le dictó una Normativa de Calidad del Servicio (NCS), “que iba íntimamente asociada a la normativa de tarifas y se hablaba de etapas tarifarias”, expresó el funcionario.

La primera etapa de las tarifas fue determinada del año 2000 al 2005, y la segunda iniciaba en esta última fecha y culminaba en 2010, cuando se debía negociar la tercera. Castillo explicó que “el sistema tarifario de la primera etapa contemplaba la estructura que hasta hoy sigue vigente, donde hay subsidios cruzados, en donde los de mayor ingresos en cierta forma subsidian a los clientes de menor ingreso”.


Reconoció que con este mismo modelo de tarifas ya funcionaba la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, antes de ser segmentada, y fue un régimen tarifario que se mantuvo en aplicación y que hasta ahora no ha cambiado. Es decir, la forma en que calculan el monto de cada factura es el mismo que se utilizó hace una o dos décadas.


“Ellos (Fenosa) querían que en la segunda etapa se transformara eso, que más bien al que más consumía energía la tarifa fuera menor, porque al consumir más volumen los costos se bajan, y que al usuario que consumía menos se le cobrara el valor real. Eso es con lo que yo me vengo a encontrar en 2005”, refirió Castillo.

El asunto calidad

Cabe recordar que para autorizar a Fenosa una nueva alza o baja de tarifa, el INE debe revisar varios indicadores, no obstante, el de mayor peso es la calidad del servicio, el cual se mide conforme al cumplimiento en los tiempos de reconexión, de atención a las llamadas a su línea telefónica de emergencia (125), las horas de interrupciones del servicio, el alumbrado público y otras variables.

Esos índices de calidad se deben revisar semestralmente, según el titular del ente regulador, quien recuerda que fue una de sus primeras tareas “y resulta que nos hallamos con que no los estaban cumpliendo, y de allí salió aquel primer descuento tarifario de casi dos millones y medio de dólares que se hizo público, y que ellos lo apelaron y lo llevaron a una querella a la Corte Suprema”.


“No estaban cumpliendo esos niveles y ellos decían que habían renegociado unos índices de menor exigencia en 2003 con las autoridades anteriores, pero en ningún lugar quedó formalizado en resolución del INE y por eso nosotros lo desconocíamos y exigíamos los anteriores niveles”, agregó, al referirse a uno de los temas que provocó un proceso arbitraje.

Gobierno les autorizó baja de calidad

Este tema también se evacuó mediante el Protocolo de Entendimiento que se negoció entre Fenosa y el gobierno de Daniel Ortega, en 2007 y 2008. “Hubo un punto específico donde se determinó que mientras esta empresa se recupera y hace las inversiones necesarias, se les debe reconocer esa acta”.

“El protocolo vuelve a ponernos en una posición de 2003 y le da un respiro en tanto hace las inversiones de más de 30 millones de dólares en este período de tiempo. Entonces, en el tema de la calidad del servicio puede decirse que, normativamente, ha sido flexibilizado un poco a favor de la empresa, pero, aún con esa flexibilidad, se requieren niveles básicos y les hemos estado dando seguimiento”, dijo Castillo.


Para los técnicos del INE, la distribuidora ha mejorado en su cantidad de horas que deja sin servicio a los clientes, pero su “Talón de Aquiles” es la calidad del alumbrado público. “Esta última evaluación les costó una multa de 1.8 millones de dólares por no cumplir con los requisitos de alumbrado”, señaló el titular, quien mencionó que de cerca le siguen los errores de facturación.


“¿Cuántos errores de facturación se dan? Nosotros tenemos un promedio de tres mil reclamos mensuales, de los cuales la mayoría, unos dos mil 500, son por facturación. De estos, había errores de 70 a 30 a favor del cliente”, estimó.


El presidente del Consejo de Dirección del INE lo dijo más claro al final: “A partir del Protocolo y por tres años, esta empresa quedó con un nivel de requisitos de calidad del servicio por debajo del promedio de la región centroamericana, pero, a fines de 2011, tenemos que haber definido los nuevos niveles y deberán ser más exigentes, por lo menos el promedio de la región”.

Suspicacias al declarar ganadora a Unión Fenosa

Los directivos de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, convocaron a 20 compañías y consorcios para que participaran en la licitación internacional donde se adjudicarían las concesiones de Disnorte y Dissur. Sin embargo, sólo 16 mostraron interés pues compraron los pliegos y tan sólo una, Fenosa, presentó una oferta firme y en sobre cerrado.

La licitación no fue declarada desierta y el proceso continuó aunque sólo había un participante, pero se requerían al menos dos para poder generar la competencia, según se había determinado en el marco legal. Además, ese era uno de los principales argumentos del entonces presidente Arnoldo Alemán para ejecutar la privatización.


La Unidad de Reestructuración de ENEL, a cargo de dicha licitación, convocó al único participante para abrir los sobres el martes 12 de septiembre de 2000, a las diez de la mañana en el auditorio de la empresa. El vicepresidente Enrique Bolaños llegó dos horas antes y, entraba y salía de las oficinas durante este tiempo.


Todo estaba listo para iniciar a la hora acordada pero Bolaños apareció hasta diez minutos después. El asombro se dibujó en el rostro de los asistentes cuando fue abierto el sobre que contenía el precio base que había fijado el Estado para vender Disnorte y Dissur.


El cálculo gubernamental valoró Disnorte en 56 millones 600 mil dólares y en 44 millones 900 mil dólares la otra distribuidora, Dissur. Había pedido a Fenosa 101 millones 500 mil dólares por las dos juntas, pero, finalmente, el precio acordado estaba en el sobre que entregó la compañía española: 115 millones de dólares.


Los organismos de defensa de los consumidores y los sindicatos de trabajadores de la energía, aseguran que en esos 10 minutos de retraso se renegoció el destino de ambas empresas, las mismas que una década después opera la compañía.

MAÑANA:

* Cuadro de evolución de los ajustes de tarifa, fecha en que se aplicaron y precio promedio del bunker
* Cuadro de evolución de la cantidad de clientes en la última década
* ¿Cuánto ha invertido Fenosa hasta la fecha y qué áreas ha fortalecido?

Presionan por Ley de Tarjetas de Crédito

Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, presionaron una vez más por lograr la discusión y aprobación de una reforma a la ley que regula el uso de las tarjetas de crédito a fin de disminuir del 50 al 35% el interés que cobra los bancos a los tarjetahabientes.

El legislador Víctor Hugo Tinoco Fonseca, dijo que el MRS espera que la Junta Directiva del Parlamento cumpla con el plazo de una semana que dio a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para que envíe el dictamen de reforma y se pueda aprobar antes que termine el año.

Wálmaro: “Hay que esperar”

Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez Mercado, señaló que no se puede estar hablando de una reforma a la ley cuando ni siquiera se conocen los resultados que ha tenido la aplicación del reglamento aprobado por la Superintendencia de Bancos y Otras Entidades Financieras, Siboif.

Pero el diputado Tinoco Fonseca considera insuficiente la aplicación del reglamento y con la reforma a la ley se estaría “evitando acciones oligopólicas”, según Tinoco, los bancos se ponen de acuerdo para establecer la tasa de interés a su propia conveniencia y no dejan espacio al comportamiento natural del mercado de oferta y demanda.

Esta semana vence plazo para dictamen

Tinoco recordó que esta semana vence el plazo que dio la Junta Directiva a la Comisión Económica para que remita el dictamen de la reforma en la que básicamente se establecen dos cosas: La primera, es la reducción de la tasa de interés aplicada a las tarjetas de crédito; y la segunda, es la suspensión por un período de seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la reforma, de los juicios contra los clientes en mora.

Además se establece una moratoria –también de seis, meses-, de los embargos, requerimientos, subastas, adjudicaciones de los bienes embargados o secuestrados a los deudores sujetos a procesos.

Reviven Ley de Tarjetas

  • Procompetencia recurre ante la CSJ, contra amparo de los bancos

Por: Lucía Navas

En dos semanas podría quedar lista la nueva Ley 515, de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Crédito.
LA PRENSA/ ARCHIVO

Después de cinco meses de estar detenida, la reforma a la Ley 515, de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Crédito, fue retomada en la Asamblea Nacional, donde podría ser aprobada en un lapso de dos semanas.

Aunque está en desacuerdo, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez convocó para el próximo martes a la Comisión de Economía, que él preside, para que se apruebe el dictamen que está listo para ser firmado desde junio pasado.

La Junta Directiva de la Asamblea puso un plazo a la Comisión Económica, para que en una semana pase el dictamen y éste sea aprobado.

Según el jefe de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, lo que discutirán en comisión serán las tres propuestas de reforma que existen.

Luego podrían formar una comisión especial que unifique los puntos más importantes de la propuesta y aprobarla.

La bancada del MRS insiste en que se regulen las tasas de interés que cobran los bancos a los usuarios de tarjetas de crédito, reduciéndolas de 50 a 35 por ciento anual.

También proponen suspender por seis meses los procesos judiciales contra los deudores.

El diputado Gutiérrez está en contra de regular los intereses y afirma que éste es el momento menos indicado para pasar esta reforma.

Sugiere dar hasta enero de 2011, para que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) presente un estudio, sobre si la aplicación de la nueva normativa de las tarjetas de crédito está “resolviendo los problemas”.

PROCOMPETENCIA DEFIENDE SU LEGITIMIDAD

Mientras, Luis Humberto Guzmán, presidente del Instituto de Promoción de la Competencia (Procompetencia), informó que presentó un escrito ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ésta deje sin efecto el amparo que favorece a cinco bancos.

“Tenemos la convicción que ese amparo no cabe, porque la vía administrativa no se ha agotado, porque no hay una resolución final sobre el fondo del asunto”, afirmó Guzmán.

Dijo confiar en que los magistrados judiciales harán respetar las facultades legales de Procompetencia, para investigar la denuncia contra los bancos nacionales, por prácticas anticompetitivas al ponerse de acuerdo para fijar las tasas de interés que cobran por el dinero plástico.

“Ya los bancos, en una oportunidad, se ampararon en contra de la Superintendencia y ahora lo hacen contra Procompetencia, lo cual quiere decir que piensan que no hay ninguna autoridad que pueda y deba juzgarlos”, criticó Guzmán.

Procompetencia mantiene el proceso contra dos bancos que no se ampararon, BDF y el casi desaparecido Banex, además de la asociación Asobanp.

El diputado aliado del FSLN, Agustín Jarquín, defendió las facultades de Procompetencia para conocer la demanda y dijo que espera que la CSJ sea “diligente” en pronunciarse.

Ley de tarjetas de crédito será abordado

El tema podría ser conocido por el plenario de la Asamblea Nacional

Al fin la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional se acordó que estaba en la cañería de esa instancia, el proyecto de Ley 515 de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Créditos. Estuvo durante 150 días detenida y los bancos emisores del dinero plástico actuaron de hecho , unilateralmente, sin regulaciones actualizadas, afectando a los tarjetas habientes que se enfrentan a una usura del 60 y hasta el 90 por ciento de interés anual y a una sobrecarga de intereses sobre intereses que hacen impagable la deuda contraída.

La Comisión Económica legislativa podría en 15 días aprobar la Ley 515 de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de crédito. Dependerá de la Junta Directiva del Parlamento si la incluye en la agenda y es discutida en el plenario para su posterior aprobación. La tendencia general en la Asamblea Nacional esta dirigida a tocar los temas de la economía y menos los asuntos políticos como la reelección presidencial entre otros temas.

Hay que recordar por legislación comparada que en Estados Unidos, el Presidente Barack Obama, envió al Congreso una iniciativa de ley reguladora del uso de las tarjetas de crédito que en esa Nación fue señalada de afectar los bolsillos de los usuarios norteamericanos por los altos intereses y que le agregaban sin consulta, una serie de gastos administrativos y promociones que nunca fueron del consentimiento de los tarjetas habientes.

El próximo Martes el diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, dijo que citó a la Comisión de Economía para que apruebe el dictamen. Gutiérrez esta a favor de que los bancos se rigan sin ninguna ley solamente por la normativa y que se les de un tiempo de desenvolvimiento sobre los acuerdos que lleguen con los tarjetas habientes. Todo indica que parece que esta de acuerdo en que no hay mejor ley que la que no se aplica solamente por la costumbre que se da en las transacciones financieras. La Junta directiva del Parlamento urgió a la Comisión Económica para que apruebe el dictamen en los próximos días. No se había dado importancia a esta ley.

Los tarjetas habientes habían reaccionado a través de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, recurriendo al Instituto Pro-competencia para que tomara cartas conforme a la ley de que las prácticas de los emisores de tarjetas de crédito, eran propias de acciones anticompetitivas por los altos intereses del 60 y 90 por ciento anual, además del cobro de intereses sobre intereses que no hacen atractiva las transacciones financieras. Lo único ventajoso del uso de las tarjetas de crédito, es que te ofrecen dinero con rapidez el cual tiene que ser cancelado si es posible en las siguientes horas para que no se acumulen intereses sobre intereses con la deuda contraída, afirmaron algunos tarjeta- habientes consultados pero decepcionados del dinero plástico que no tiene ninguna regulación en Nicaragua, favorable a los que hacen uso de ese tipo de transacciones financieras.

El parlamentario de la oposición y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco Fonseca dijo que serán conocidos en la comisión la regulación de la tasa de intereses del 50 al 35 por ciento anual y que sean suspendidos los procesos judiciales por seis meses.

Procompetencia a través de su presidente, Luis Humberto Guzmán, defendió su legitimidad de defender a los tarjetas habientes y dijo que presentó un escrito ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para que deje sin efecto el recurso del Tribunal de Apelaciones de Managua porque no hay una resolución sobre el fondo del asunto.

Sacan del juego a Procompetencia para conocer tarjetas de créditos

Ahora lo verá el Tribunal Constitucional de la CSJ valorará el caso

El Instituto de Promoción de la Competencia, Procompetencia, fue sacado del juego legal en primera instancia por el Tribunal de Apelaciones de Managua, cuando aceptó varios recursos del gran capital bancario que se fueron de Amparo ante esa instancia, por denuncias de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, de realizar prácticas anticompetitivas por los altos intereses que se cobran por las tarjetas de crédito.

La Red esta insistiendo en que sea aprobada una Ley de Tarjetas de Créditos por la Asamblea Nacional ya que los tarjetas habientes se encuentran desprotegidos ante los bancos que cobran excesos de intereses sobre intereses que hacen impagable la deuda contraída hasta del 60 y 90 por ciento anual . Los legisladores decidieron no aprobar ninguna ley, ya que se basaron en una disposición bancaria de los emisores de tarjetas, en la cual ellos establecieron un reglamento de entendimiento entre los deudores y acreedores del dinero plástico.

Las tarjetas habientes señalan que como no es ley, solamente reglamento unilateral, se presta a que en cualquier momento sea desconocido por los emisores de las tarjetas.

Ahora el Tribunal de Apelaciones de Managua aceptó el recurso de Amparo en la cual resuelve que el Instituto de Promoción de la Competencia (Procompetencia) debe de suspender todo acto sobre la denuncia de prácticas anticompetitivas por los intereses que cobran por tarjetas de crédito, que presentó hace tres meses ante esa instancia, la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC. Los de la red señalaron en esa ocasión a los siete bancos del país de mantener prácticas anticompetitivas en el cobro de los altos intereses por el uso de las tarjetas y señalan también a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, ASOBANP.

Hay siete bancos que se le señala de violentar el libre mercado y originar pérdidas a los usuarios porque establecieron un porcentaje fijo de tasa de interés corriente, fijación de comisión por el retiro de dinero y un determinado interés moratorio. Los bancos puestos en la mira por esas supuestas prácticas ilícitas corresponden al Bancentro, BAC, Banco Procredit, Banpro, Citibank, BDF, Banex y Asobanp. Sin embargo del recuros de amparo solamente quedaron excluidos el BDF, Banex y Asobanp porque no recurrieron de Amparo, dice la RNDC.

El Presidente de Procompetencia, Doctor Luis Humberto Guzmán, había señalado por una resolución interlocutoria administrativa, había argumentado que podía conocer la denuncia anticompetitiva de los bancos ante la solicitud de la Red que no había excepciones de ilegitimidad

En la denuncia señalan a los bancos de violentar el libre mercado y causar daño a los usuarios, al acordar la fijación de la tasa de interés corriente, interés moratorio y la fijación de la comisión por cada retiro de efectivo.

Hay que recordar que a través de una resolución interlocutoria administrativa, Luis Humberto Guzmán, presidente de Procompetencia, se mostró en capacidad conforme a la ley 601 de conocer el caso de prácticas ilegales de los bancos con las tarjetas de crédito. No dio lugar a las excepciones de ilegitimidad que habían presentado los bancos que trataban de sacarlo de conocer la denuncia presentada.

La resolución señala solamente a la Superintendencia General de Bancos y otras instituciones financieras, ente regulador de las actividades bancarias, de estar facultada para investigarlos y no a Procompetencia. El caso fue trasladado del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, a la Corte Suprema de Justicia, CSJ. Es decir del Tribunal inferior al Tribunal Superior, según dijo Jorge Rosses de la RNDC. “Es una oportunidad para hacer valer la legitimidad de Procompetencia”, dijo a un medio local el líder popular.

El artículo 14, de la ley 601, Ley de promoción de la Competencia, señala en el inciso b de las atribuciones del Presidente de PROCOMPETENCIA la de : b) Conocer de oficio o por denuncia, aquellas situaciones en que pueda ser afectada la competencia en el mercado, ordenando las investigaciones e instrucción del expediente que corresponda en su caso; c) Declarar la admisibilidad o improcedencia de las denuncias presentadas; d) Solicitar ante autoridad judicial competente las medidas preventivas que correspondan a solicitud de parte o de oficio; e) Dictar las resoluciones sobre los casos investigados e imponer las sanciones que correspondan en cada caso.

martes, 19 de octubre de 2010

Detienen caso contra tarjetas

El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) resolvió a favor de cinco bancos y admitió un amparo, que ordena al Instituto de Promoción de la Competencia (Procompetencia) la suspensión de todo acto sobre la denuncia de prácticas anticompetitivas por los intereses que cobran por tarjetas de crédito.

La denuncia fue presentada en junio pasado por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) ante el Instituto Procompetencia, contra los siete bancos del país y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).

En la denuncia señalan a los bancos de violentar el libre mercado y causar daño a los usuarios, al acordar la fijación de la tasa de interés corriente, interés moratorio y la fijación de la comisión por cada retiro de efectivo.
A través de una resolución interlocutoria administrativa, Luis Humberto Guzmán, presidente de Procompetencia, no dio lugar a las excepciones de ilegitimidad interpuestas por los representantes de seis bancos y ratificó tener capacidad y competencia para conocer la denuncia.

Pero tras el amparo del TAM a los bancos, Procompetencia debería suspender todo el proceso.
La Red de los Consumidores considera que el amparo sólo beneficia a los cinco bancos que lo solicitaron, que son Bancentro, BAC, Banpro, Banco ProCredit y Citibank. Quedan al margen el BDF, el casi desaparecido Banex y Asobanp, porque éstos no introdujeron ningún recurso y podría seguir el proceso contra ellos.

RED:TAM PREFIRIÓ A LOS BANCOS.


Jorge Eduardo Rooseess, coordinador de Políticas Públicas de la Red de los Consumidores, calificó como "una decepción" que el TAM "favoreciera de esta manera los intereses de los bancos por encima de los miles de usuarios de tarjetas de crédito".

Rooseess sostiene que es un "un amparo ilegal" porque aún no se agotaba el procedimiento administrativo en Procompentencia, ya que el Consejo Directivo del mismo no había emitido una resolución final.

El recurso ante el TAM, presentado por los cinco bancos, se sustenta en desconocer las facultades del Instituto Procompetencia y sólo reconocer las de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) para vigilar al sistema bancario.

Rooseess sostiene que el TAM no se ajustó a las leyes de procedimiento civil, al no tomar en cuenta que "cuando a los bancos se les notificó de la denuncia, en el escrito de incidencia de nulidad que presentaron pidiendo desconocerla, contestaron el fondo de la denuncia y con ello se someten a la autoridad de Procompetencia".

Para Rooseess "los bancos usan su poder económico" para evitar ser investigados.Considera que ahora "está el reto" para que el Instituto Procompetencia "haga respetar su autoridad y facultades", cuando el caso sea conocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)."Le toca demostrar a los consumidores su legitimidad como autoridad recién creada, pero que se le está desconociendo desde un inicio", señaló.

DICEN QUE SIBOIF YA ABRIÓ SU PROCESO


Jaime Pérez Leiva, gerente general del banco ProCredit, dijo a LA PRENSA que se sumaron a pedir el amparo porque, en principio, no debió su entidad ser parte de la denuncia porque no es emisora de tarjetas de crédito.

Pérez Leiva afirmó que "coinciden en el criterio" con el resto de entidades bancarias, en que por la Ley de Bancos y de la Superintendencia, ésta "es el ente regulador, quien tiene que realizar este tipo de procesos".

"Estamos bajo la jurisdicción de la Superintendencia de Bancos. Por eso decimos que Procompetencia no puede ir por encima de la ley", indicó.

El banquero recordó que la Siboif abrió un proceso sobre la denuncia de prácticas anticompetitivas, por los intereses de las tarjetas de crédito que hizo la Red de los Consumidores y por tanto es la única autoridad y su decisión la que van a aceptar.

Carlos Briceño, gerente general de Bancentro, al ser consultado dijo que no podía responder porque en ese momento no conocía el fondo legal del caso.

Fuente:La Prensa

Indicadores del Banco Central confirman crecimiento

La economía nicaragüense recibió varias buenas noticias esta semana, luego que, primero el Funides, después el Banco Central y finalmente el Fondo Monetario Internacional, revisaran al alza sus proyecciones de crecimiento del PIB, al que ahora le calculan un desempeño del 3 por ciento.

Las razones de los expertos para esperar ese repunte de la economía están ligadas a la esperanza de que nuestros principales socios comerciales sigan mejorando, dato que parece refrendado a priori por el incremento de las exportaciones, que crecieron a razón de más del 30% durante los primeros ocho meses del año, hasta que en septiembre decayeron un poco, cerrando en terreno positivo con 28.25 por ciento.

Inflación es de 4.64%

En el caso del IPC, el indicador se mantiene aún por debajo del 5% (4.64%), después que creciera en 0.42 puntos porcentuales en septiembre, lo que es ligeramente más alto que el 0.30% que creció en septiembre del 2009 para quedar, en ese momento, en un acumulado de 0.19%.

De los rubros que estudia el Indice, el de ‘restaurantes y hoteles’ fue el que tuvo el mayor incremento (1.69%), y una contribución al IPC de 0.169 puntos, mientras el rubro ‘salud’, creció en 1.07% (contribución de 0.052), con otros dos indicadores creciendo en 0.61% cada uno.


Fuente:www.confidencial.com.ni

jueves, 14 de octubre de 2010

Fiscal promete investigación por agiotaje con los frijoles

Karelia Duarte

END - 21:40 - 13/10/2010


El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez prometió que solicitará a la Policía Nacional iniciar una investigación para detener y procesar a los acaparadores de frijoles rojos, luego que directivos de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, denunciaran este caso ayer mediante una carta donde exigen que el Ministerio Público tome carta en el asunto. El Fiscal aseguró que iniciarán una investigación de oficio para ubicar a los responsables de acaparar el producto y especular con el precio, después de atender la petición de la RNDC. Gómez aseguró que pueden investigar a estas situaciones pues son tipificadas como “delito económico”.

Jorge Eduardo Rooseess, Coordinador de Políticas Públicas de la RNDC, expresó que el Ministerio Público es el organismo que debe de ejercer la acción penal de oficio cuando tenga alguna noticia por cualquier medio, y por esta razón, ayer lo denunciaron en la Fiscalía en nombre de la RNDC.

“Nosotros venimos aquí a dejar esta carta, esta denuncia, porque el Ministerio se ha quedado estancado y ellos tienen la obligación de hacer cumplir la ley sobre estos especuladores, estos acaparadores que se encuentran cometiendo el delito de agiotaje y desabastecimiento, lo cual está afectando a cientos de familias nicaragüenses. Es un delito en contra del orden socioeconómico y de acción pública”, manifestó.

Señaló que, como se trata de un delito de carácter público, no le compete al consumidor o usuario denunciar a una persona en específico. “Es evidente que esto afecta a gran parte de la población porque en este caso los frijoles que costaban siete córdobas han pasado a 22, por lo que es claro el factor de agiotaje y acaparamiento. Tal vez no estemos dando nombre, pero estamos seguros de que empresas e intermediarios son actores de este problema”, enfatizó.

fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/contactoend/85601

miércoles, 13 de octubre de 2010

RNDC insata al Ministerio Público a iniciar investigaciones sobre el acaparamiento del frijol.

Debido a que desde hace varios días, se inició una campaña de información sobre las malas prácticas que cometen comerciantes, distribuidores y exportadores del frijol rojo, las cuales consisten en el acaparamiento de este bien por sus proveedores; se había informado en algunos medios de comunicación, que se estaba procurando la escases del producto . Esto trae como consecuencia la carestía del mismo en el mercado, pasando de un precio de 7 córdobas la libra a un costo actual de 22 córdobas; por la supuesta exportación de más de la mitad de la producción de primera a paises como El Salvador -que es el principal comprador del frijol rojo nicaragüense-.

No osbante, esto también se debe a publicaciones y declaraciones hechas en medios de comunicación, sobre el alza del precio del producto, sin causa justificada y sin datos o criterios válidos. Es decir, que la información que algunos medios brindaron, fue emitida de forma irresponsable. Por lo tanto, esto produjo que muchos vendedores o distribuidores almacenaran el producto con el fin de venderlo a un precio mucho mayor al precio de compra. Este precio es ilegal, en base a que es un precio ficticio, no es un precio real de mercado ya que este grano(frijol), segun datos de cooperativas de productores, no se encuentra escaso en el mercado, ya que la información proporcionados por los productores exponen que la cosecha de primera sólo ha sido afectada en un cinco porciento de su totalidad; lo que equivale a unos 300 mil quintales.

Por este razón, la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), presentó ante el representante del Ministerio Público, Dr. Julio Centeno Gómez, una carta solicitando la intervención por parte de ésta entidad del Estado, en función de proteger los derechos de los consumidores nicaragüense; en vista de ser el frijol rojo uno de los principales productos de consumo de la población, ya que los vendedores y distribuidores que acaparan y ofrecen el porducto a un precio alterado cometen el delito de acaparamiento contenido en el código penal.

Esta solictud hecha en horas de la mañana de hoy, fue acogida por el Dr. Centeno, titular del Ministerio Público, el cual ordenó a la Policía Nacional iniciar las debidas investigaciones.

Noticia publicada por canal 15

FISCAL ORDENA INVESTIGAR ACAPARAMIENTO Y ESPECULACION CON PRECIO DEL FRIJOL

Canal 15/100% Noticias/Redaccion Central
Managua 13 de Octubre del 2010

El fiscal Julio Centeno Gomez ordenó este miercoles a la policia nacional que inicie una investigación de oficio para ubicar a los responsables de acaparar y luego especular con el precio de los frijoles. Centeno Gomez
brindó estas declaraciones luego que recibió una solicitud que hizo la Red Nacional de defensa de los consumidores para que realicen estas investigacion de oficio. Jorge Rosses, dirigente de la Red de consumidores, dijo que el delito de agiotaje es latente en el mercado nacional por el alto precio en el frijo. "Estoy explicando a traves de un escrito la situacion de los consumidores por el incremento del frijol, ya que no existe justificacion para que la libra de frijol este caro, le hacemos ver al fiscal Centeno que puede actuar de oficio", dijo Rosses via telefonica a 100% NOTICIAS.

Segun Rosses la fiscalia puede orientar a la policia nacional a que investigue, pues considera que el ejercicio de la accion penal no esta subordinado a la actuacion previa, de ninguna autoridad. Rosses recordo que el articulo 89 del CPP dice que el Ministerio publico promovera la accion penal que por cualquier medio se de a conocer. "Cuando el consumidor no pueda determinar quien es el responsable el Estado tiene que investigar porque es un delito de orden socio economico", sostuvo Rosses al ser consultado de que si tienen con nombres y apellidos los comerciantes que estan cometiendo el delito de agiotismo. La tarde de este martes, la secretaria del ministerio publico, Delia Rosales, dijo en el programa 100% ENTREVISTAS de Canal 15, que hasta ayer no tenian ninguna denuncia sobre la especulacion del precio del frijol e invito a la Red de consumidores que interpusieran denuncias para poder actuar. Espere ampliación de esta información en el transcurso del día.
 
fuente: http://www.canal15.com.ni/noticia/21158

Carta entregada hoy a medio día en el Ministerio Público



Managua 13 de octubre de 2010
Dr. Julio Centeno Gómez
Fiscal General de la República de Nicaragua

Estimado Doctor Centeno, reciba de mi parte las más altas muestras de consideración y estima, deseándole éxito en sus labores, le saludo.

Le escribo en referencia a declaraciones públicas emitidas a través de medios de comunicación sobre las facultades del Ministerio Público para ejercer la acción penal mediante titularidad de Ley en delitos de acción pública.

Como es de su conocimiento, los consumidores hemos sufrido una exagerada alza en el precio del frijol, esto afecta la capacidad adquisitiva, estabilidad económica y la alimentación de cientos de miles de familias en nuestro país.

Consideramos que existen comerciantes que se han aprovechado de información difundida en los medios para crear alarma sobre la supuesta pérdida de la cosecha de primera de frijol rojo, dicha información no es totalmente verdadera porque según declaraciones de representantes de cooperativas de productores, la afectación global a la cosecha ha sido únicamente del cinco por ciento, lo que equivale aproximadamente a 300 mil quintales de este producto básico.

La producción nacional es de cinco millones de quintales en el año, y el consumo total es de dos millones y medio de quintales, de forma tal que según los productores no existe justificación alguna para que los consumidores sufran tal incremento de precio, al pasar de 7 córdobas la libra a 22 córdobas.

Es por ello que me dirijo a usted con el objetivo de solicitar sus buenos oficios a fin de dar vida al artículo 51 del Código de Procedimiento Penal CPP, en el que se establece en su artículo 51, que la acción penal se ejercerá `por el Ministerio Público, de oficio, en los delitos de acción pública…’ . Así mismo, en base a lo estipulado en el artículo 89 del mismo CPP, que establece que `El Ministerio Público promoverá y ejercerá la acción penal pública cuando, por cualquier medio, tenga noticia de delito;…’ también se establece en el articulado que `El ejercicio de la acción penal pública no está subordinado a la actuación previa de ninguna autoridad  u órgano del poder público…’.

Es por ello que esperamos que su autoridad haga cumplir lo que establece la Ley y actúe de forma beligerante en contra de aquellos que incurren en delitos contra el orden socioeconómico, contra la libre competencia y los consumidores.

Me despido no sin antes reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima.

Cordialmente

Santos Amador Mairena
Coordinador General
Red Nacional de Defensa de los Consumidores
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