jueves, 21 de octubre de 2010

La celebración de Fenosa. En diez años el kilovatio hora ha subido 66.48%

* Con esas alzas se ha venido ahogando la economía empresarial y familiar de Nicaragua * Manipulan precio del búnker que, si lo regalara hoy Venezuela, pagaríamos sólo un córdoba menos de cada cuatro que contiene la factura * Calidad es la más atrasada de la región, autorizada por el socio gobierno en el Protocolo de Entendimiento

Oliver Gómez

END - Segunda Entrega - 22:06 - 19/10/2010


La tarifa de energía eléctrica ha subido 66.48% desde hace una década, cuando Unión Fenosa recibió en concesión la Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte) y la Distribuidora de Electricidad del Sur (Dissur). Su calidad del servicio permanece debajo de las demás empresas de Centroamérica, a pesar de que su socio, el gobierno de Daniel Ortega, para alcanzar niveles aceptables mandó a bajarles las exigencias.

Aunque el gobierno de Arnoldo Alemán había prometido un servicio de calidad y precios razonables a cambio de privatizar gran parte del sector energético, lo cierto es que desde el 19 de octubre de 2000 que arribó Fenosa hasta el 31 de octubre de 2010, los funcionarios de la Dirección de Estudios Económicos y Tarifas del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, reportan un total de 37 ajustes a la tarifa, es decir, el indicador que determina el monto de las facturas de los usuarios.

Siete bajas contra 29 alzas

Siete ajustes son a la baja, uno de ellos no afectó el precio promedio y 29 son alzas; según los informes oficiales de los técnicos del INE, quienes explican que al sumar todos los aumentos que se han autorizado en la última década, se trata de una espiral alcista de 101.63%. Las bajas suman un total de 35.15%.

Al evaluar estas dos última cifras se concluye que el precio medio de la energía de Nicaragua en la última década ha registrado un ajuste general de 66.48% a favor de Fenosa y en contra de los clientes, quienes han tenido que asumir cada mes este monto al pagar sus facturas.


Los directivos de las empresas generadoras, funcionarios del INE y ejecutivos de Fenosa, comparten un mismo discurso o explicación para este enorme porcentaje a favor de las alzas: precio del búnker o Fuel Oil.

Precio del bunker: una verdad a medias

David Castillo Sánchez, titular del INE, señala que Fenosa recibió ambas empresas distribuidoras teniendo un precio de unos diez centavos de dólar el kilovatio hora, y, para entonces, el precio del barril de bunker era de unos 20 dólares. “Trabajar en estas condiciones era rentable para todo el sector energético”, explicó.

Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, confirma esos datos y recuerda que, actualmente, el precio medio del kilovatio hora ya no es de diez centavos de dólar como hace una década, sino de 20 centavos.


Castillo, por su parte, recuerda que en este tiempo “tuvimos picos de hasta 106 dólares el barril de bunker, fue en julio de 2008 y eso obligó a realizar ajustes grandes y seguidos. Estamos hablando de que en aquellos días que ellos compraron la empresa (Fenosa), el bunker valía 20 dólares el barril y hoy vale 67 dólares”, señaló.

Una falsa relación

Tomando al pie de la letra esa explicación que ha sido repetida por funcionarios de gobierno de las distintas administraciones y hasta por los diputados ante la Asamblea Nacional, se puede verificar que desde el primer ajuste de tarifas que el INE autorizó y que Fenosa aplicó a partir del primero de enero de 2001, nunca el alza ha guardado relación alguna con el precio del bunker.

Golpean desde el primer ajuste

Fenosa no había cumplido ni tres meses de haber recibido las concesiones de Disnorte y Dissur, y ya estaba aplicando el primer ajuste de tarifas, el cual no se corresponde con la disminución real que había experimentado el precio del bunker tipo “C”. Este combustible que deben comprar las generadoras para producir el 80% de la energía, en enero de 2001 había bajado 13.25%, pero el INE y Fenosa sólo bajaban las tarifa en un 0.14%.

Para esa fecha, el precio del barril de este derivado del petróleo había variado de unos 20 dólares hasta unos 18, y aunque la regla no se cumplía, la disposición se mantuvo hasta agosto de 2002, cuando se aplicó la primera y más fuerte alza que Fenosa ha “recetado” en las facturas, tal y como había prometido el ex presidente ejecutivo de ENEL, Mario Montenegro, cuando entregaba la concesión a la compañía española.


Fue el segundo ajuste de tarifas y las facturas aumentaron en un promedio de 9.06%, aunque el precio del barril de bunker había subido sólo 24.58%. Es decir, que aplicando exactamente la misma regla que se utilizó en el primer caso, el alza no debía llegar siquiera al 0.28%, pero no fue así y aquel primer golpe en los recibos se mantuvo hasta enero de 2003, cuando volvió a subir.


En agosto de 2006, en plena crisis de los apagones, el asunto se repite. El bunker bajó hasta 11.60% pero la tarifa más bien subió 2.88%. En septiembre de 2008 este mismo producto bajó hasta 29%, pero la tarifa subió 6%.

La más clara evidencia

Por si fuera poco, en noviembre de este último año, el asunto quedó en clara evidencia para toda Nicaragua. El precio del barril de Fuel Oil o bunker se había desplomado más de la mitad (-51.95%), pero el INE sólo autorizó una rebaja en las facturas del 12%, la mayor reducción en la historia de tarifas aplicadas por Fenosa.

Por esta última situación y tomando en cuenta esas mismas cifras, es que se confirma la versión de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC). “Eso significa que, inclusive, si el bunker lo regalara Venezuela, la gente dejaría de pagar apenas uno de cada cuatro córdobas que ahora cancela en sus facturas de Fenosa. Hagan sus cálculos y verifiquen”, recomendó Jorge Eduardo Rooseess, activista del organismo.


Katín y Castillo no eran funcionarios de las entidades respectivas para el año 2000, cuando Fenosa llegó al país, sin embargo, aseguran que en el cálculo de la tarifa desde el inicio intervinieron un sin número de elementos donde la situación financiera del sector era determinante y hay que tomarlas en cuenta.


“Yo llegué al INE en noviembre de 2005, en medio de una crisis de déficit de energía (apagones)”, dijo Castillo, “la situación financiera y la falta de generación ya era un problema complejo para todo el sector, pero desde la negociación del Protocolo de Entendimiento ahora tenemos una fórmula para hacer estos cálculos y se hace de una manera más exacta y transparente”, señaló el titular del INE.

Etapas tarifarias

Y es que Fenosa recibió las dos distribuidoras pero el Estado también le dictó una Normativa de Calidad del Servicio (NCS), “que iba íntimamente asociada a la normativa de tarifas y se hablaba de etapas tarifarias”, expresó el funcionario.

La primera etapa de las tarifas fue determinada del año 2000 al 2005, y la segunda iniciaba en esta última fecha y culminaba en 2010, cuando se debía negociar la tercera. Castillo explicó que “el sistema tarifario de la primera etapa contemplaba la estructura que hasta hoy sigue vigente, donde hay subsidios cruzados, en donde los de mayor ingresos en cierta forma subsidian a los clientes de menor ingreso”.


Reconoció que con este mismo modelo de tarifas ya funcionaba la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, antes de ser segmentada, y fue un régimen tarifario que se mantuvo en aplicación y que hasta ahora no ha cambiado. Es decir, la forma en que calculan el monto de cada factura es el mismo que se utilizó hace una o dos décadas.


“Ellos (Fenosa) querían que en la segunda etapa se transformara eso, que más bien al que más consumía energía la tarifa fuera menor, porque al consumir más volumen los costos se bajan, y que al usuario que consumía menos se le cobrara el valor real. Eso es con lo que yo me vengo a encontrar en 2005”, refirió Castillo.

El asunto calidad

Cabe recordar que para autorizar a Fenosa una nueva alza o baja de tarifa, el INE debe revisar varios indicadores, no obstante, el de mayor peso es la calidad del servicio, el cual se mide conforme al cumplimiento en los tiempos de reconexión, de atención a las llamadas a su línea telefónica de emergencia (125), las horas de interrupciones del servicio, el alumbrado público y otras variables.

Esos índices de calidad se deben revisar semestralmente, según el titular del ente regulador, quien recuerda que fue una de sus primeras tareas “y resulta que nos hallamos con que no los estaban cumpliendo, y de allí salió aquel primer descuento tarifario de casi dos millones y medio de dólares que se hizo público, y que ellos lo apelaron y lo llevaron a una querella a la Corte Suprema”.


“No estaban cumpliendo esos niveles y ellos decían que habían renegociado unos índices de menor exigencia en 2003 con las autoridades anteriores, pero en ningún lugar quedó formalizado en resolución del INE y por eso nosotros lo desconocíamos y exigíamos los anteriores niveles”, agregó, al referirse a uno de los temas que provocó un proceso arbitraje.

Gobierno les autorizó baja de calidad

Este tema también se evacuó mediante el Protocolo de Entendimiento que se negoció entre Fenosa y el gobierno de Daniel Ortega, en 2007 y 2008. “Hubo un punto específico donde se determinó que mientras esta empresa se recupera y hace las inversiones necesarias, se les debe reconocer esa acta”.

“El protocolo vuelve a ponernos en una posición de 2003 y le da un respiro en tanto hace las inversiones de más de 30 millones de dólares en este período de tiempo. Entonces, en el tema de la calidad del servicio puede decirse que, normativamente, ha sido flexibilizado un poco a favor de la empresa, pero, aún con esa flexibilidad, se requieren niveles básicos y les hemos estado dando seguimiento”, dijo Castillo.


Para los técnicos del INE, la distribuidora ha mejorado en su cantidad de horas que deja sin servicio a los clientes, pero su “Talón de Aquiles” es la calidad del alumbrado público. “Esta última evaluación les costó una multa de 1.8 millones de dólares por no cumplir con los requisitos de alumbrado”, señaló el titular, quien mencionó que de cerca le siguen los errores de facturación.


“¿Cuántos errores de facturación se dan? Nosotros tenemos un promedio de tres mil reclamos mensuales, de los cuales la mayoría, unos dos mil 500, son por facturación. De estos, había errores de 70 a 30 a favor del cliente”, estimó.


El presidente del Consejo de Dirección del INE lo dijo más claro al final: “A partir del Protocolo y por tres años, esta empresa quedó con un nivel de requisitos de calidad del servicio por debajo del promedio de la región centroamericana, pero, a fines de 2011, tenemos que haber definido los nuevos niveles y deberán ser más exigentes, por lo menos el promedio de la región”.

Suspicacias al declarar ganadora a Unión Fenosa

Los directivos de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, convocaron a 20 compañías y consorcios para que participaran en la licitación internacional donde se adjudicarían las concesiones de Disnorte y Dissur. Sin embargo, sólo 16 mostraron interés pues compraron los pliegos y tan sólo una, Fenosa, presentó una oferta firme y en sobre cerrado.

La licitación no fue declarada desierta y el proceso continuó aunque sólo había un participante, pero se requerían al menos dos para poder generar la competencia, según se había determinado en el marco legal. Además, ese era uno de los principales argumentos del entonces presidente Arnoldo Alemán para ejecutar la privatización.


La Unidad de Reestructuración de ENEL, a cargo de dicha licitación, convocó al único participante para abrir los sobres el martes 12 de septiembre de 2000, a las diez de la mañana en el auditorio de la empresa. El vicepresidente Enrique Bolaños llegó dos horas antes y, entraba y salía de las oficinas durante este tiempo.


Todo estaba listo para iniciar a la hora acordada pero Bolaños apareció hasta diez minutos después. El asombro se dibujó en el rostro de los asistentes cuando fue abierto el sobre que contenía el precio base que había fijado el Estado para vender Disnorte y Dissur.


El cálculo gubernamental valoró Disnorte en 56 millones 600 mil dólares y en 44 millones 900 mil dólares la otra distribuidora, Dissur. Había pedido a Fenosa 101 millones 500 mil dólares por las dos juntas, pero, finalmente, el precio acordado estaba en el sobre que entregó la compañía española: 115 millones de dólares.


Los organismos de defensa de los consumidores y los sindicatos de trabajadores de la energía, aseguran que en esos 10 minutos de retraso se renegoció el destino de ambas empresas, las mismas que una década después opera la compañía.

MAÑANA:

* Cuadro de evolución de los ajustes de tarifa, fecha en que se aplicaron y precio promedio del bunker
* Cuadro de evolución de la cantidad de clientes en la última década
* ¿Cuánto ha invertido Fenosa hasta la fecha y qué áreas ha fortalecido?

Presionan por Ley de Tarjetas de Crédito

Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, presionaron una vez más por lograr la discusión y aprobación de una reforma a la ley que regula el uso de las tarjetas de crédito a fin de disminuir del 50 al 35% el interés que cobra los bancos a los tarjetahabientes.

El legislador Víctor Hugo Tinoco Fonseca, dijo que el MRS espera que la Junta Directiva del Parlamento cumpla con el plazo de una semana que dio a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para que envíe el dictamen de reforma y se pueda aprobar antes que termine el año.

Wálmaro: “Hay que esperar”

Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez Mercado, señaló que no se puede estar hablando de una reforma a la ley cuando ni siquiera se conocen los resultados que ha tenido la aplicación del reglamento aprobado por la Superintendencia de Bancos y Otras Entidades Financieras, Siboif.

Pero el diputado Tinoco Fonseca considera insuficiente la aplicación del reglamento y con la reforma a la ley se estaría “evitando acciones oligopólicas”, según Tinoco, los bancos se ponen de acuerdo para establecer la tasa de interés a su propia conveniencia y no dejan espacio al comportamiento natural del mercado de oferta y demanda.

Esta semana vence plazo para dictamen

Tinoco recordó que esta semana vence el plazo que dio la Junta Directiva a la Comisión Económica para que remita el dictamen de la reforma en la que básicamente se establecen dos cosas: La primera, es la reducción de la tasa de interés aplicada a las tarjetas de crédito; y la segunda, es la suspensión por un período de seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la reforma, de los juicios contra los clientes en mora.

Además se establece una moratoria –también de seis, meses-, de los embargos, requerimientos, subastas, adjudicaciones de los bienes embargados o secuestrados a los deudores sujetos a procesos.

Reviven Ley de Tarjetas

  • Procompetencia recurre ante la CSJ, contra amparo de los bancos

Por: Lucía Navas

En dos semanas podría quedar lista la nueva Ley 515, de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Crédito.
LA PRENSA/ ARCHIVO

Después de cinco meses de estar detenida, la reforma a la Ley 515, de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Crédito, fue retomada en la Asamblea Nacional, donde podría ser aprobada en un lapso de dos semanas.

Aunque está en desacuerdo, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez convocó para el próximo martes a la Comisión de Economía, que él preside, para que se apruebe el dictamen que está listo para ser firmado desde junio pasado.

La Junta Directiva de la Asamblea puso un plazo a la Comisión Económica, para que en una semana pase el dictamen y éste sea aprobado.

Según el jefe de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, lo que discutirán en comisión serán las tres propuestas de reforma que existen.

Luego podrían formar una comisión especial que unifique los puntos más importantes de la propuesta y aprobarla.

La bancada del MRS insiste en que se regulen las tasas de interés que cobran los bancos a los usuarios de tarjetas de crédito, reduciéndolas de 50 a 35 por ciento anual.

También proponen suspender por seis meses los procesos judiciales contra los deudores.

El diputado Gutiérrez está en contra de regular los intereses y afirma que éste es el momento menos indicado para pasar esta reforma.

Sugiere dar hasta enero de 2011, para que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) presente un estudio, sobre si la aplicación de la nueva normativa de las tarjetas de crédito está “resolviendo los problemas”.

PROCOMPETENCIA DEFIENDE SU LEGITIMIDAD

Mientras, Luis Humberto Guzmán, presidente del Instituto de Promoción de la Competencia (Procompetencia), informó que presentó un escrito ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ésta deje sin efecto el amparo que favorece a cinco bancos.

“Tenemos la convicción que ese amparo no cabe, porque la vía administrativa no se ha agotado, porque no hay una resolución final sobre el fondo del asunto”, afirmó Guzmán.

Dijo confiar en que los magistrados judiciales harán respetar las facultades legales de Procompetencia, para investigar la denuncia contra los bancos nacionales, por prácticas anticompetitivas al ponerse de acuerdo para fijar las tasas de interés que cobran por el dinero plástico.

“Ya los bancos, en una oportunidad, se ampararon en contra de la Superintendencia y ahora lo hacen contra Procompetencia, lo cual quiere decir que piensan que no hay ninguna autoridad que pueda y deba juzgarlos”, criticó Guzmán.

Procompetencia mantiene el proceso contra dos bancos que no se ampararon, BDF y el casi desaparecido Banex, además de la asociación Asobanp.

El diputado aliado del FSLN, Agustín Jarquín, defendió las facultades de Procompetencia para conocer la demanda y dijo que espera que la CSJ sea “diligente” en pronunciarse.

Ley de tarjetas de crédito será abordado

El tema podría ser conocido por el plenario de la Asamblea Nacional

Al fin la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional se acordó que estaba en la cañería de esa instancia, el proyecto de Ley 515 de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Créditos. Estuvo durante 150 días detenida y los bancos emisores del dinero plástico actuaron de hecho , unilateralmente, sin regulaciones actualizadas, afectando a los tarjetas habientes que se enfrentan a una usura del 60 y hasta el 90 por ciento de interés anual y a una sobrecarga de intereses sobre intereses que hacen impagable la deuda contraída.

La Comisión Económica legislativa podría en 15 días aprobar la Ley 515 de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de crédito. Dependerá de la Junta Directiva del Parlamento si la incluye en la agenda y es discutida en el plenario para su posterior aprobación. La tendencia general en la Asamblea Nacional esta dirigida a tocar los temas de la economía y menos los asuntos políticos como la reelección presidencial entre otros temas.

Hay que recordar por legislación comparada que en Estados Unidos, el Presidente Barack Obama, envió al Congreso una iniciativa de ley reguladora del uso de las tarjetas de crédito que en esa Nación fue señalada de afectar los bolsillos de los usuarios norteamericanos por los altos intereses y que le agregaban sin consulta, una serie de gastos administrativos y promociones que nunca fueron del consentimiento de los tarjetas habientes.

El próximo Martes el diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, dijo que citó a la Comisión de Economía para que apruebe el dictamen. Gutiérrez esta a favor de que los bancos se rigan sin ninguna ley solamente por la normativa y que se les de un tiempo de desenvolvimiento sobre los acuerdos que lleguen con los tarjetas habientes. Todo indica que parece que esta de acuerdo en que no hay mejor ley que la que no se aplica solamente por la costumbre que se da en las transacciones financieras. La Junta directiva del Parlamento urgió a la Comisión Económica para que apruebe el dictamen en los próximos días. No se había dado importancia a esta ley.

Los tarjetas habientes habían reaccionado a través de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, recurriendo al Instituto Pro-competencia para que tomara cartas conforme a la ley de que las prácticas de los emisores de tarjetas de crédito, eran propias de acciones anticompetitivas por los altos intereses del 60 y 90 por ciento anual, además del cobro de intereses sobre intereses que no hacen atractiva las transacciones financieras. Lo único ventajoso del uso de las tarjetas de crédito, es que te ofrecen dinero con rapidez el cual tiene que ser cancelado si es posible en las siguientes horas para que no se acumulen intereses sobre intereses con la deuda contraída, afirmaron algunos tarjeta- habientes consultados pero decepcionados del dinero plástico que no tiene ninguna regulación en Nicaragua, favorable a los que hacen uso de ese tipo de transacciones financieras.

El parlamentario de la oposición y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco Fonseca dijo que serán conocidos en la comisión la regulación de la tasa de intereses del 50 al 35 por ciento anual y que sean suspendidos los procesos judiciales por seis meses.

Procompetencia a través de su presidente, Luis Humberto Guzmán, defendió su legitimidad de defender a los tarjetas habientes y dijo que presentó un escrito ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para que deje sin efecto el recurso del Tribunal de Apelaciones de Managua porque no hay una resolución sobre el fondo del asunto.

Sacan del juego a Procompetencia para conocer tarjetas de créditos

Ahora lo verá el Tribunal Constitucional de la CSJ valorará el caso

El Instituto de Promoción de la Competencia, Procompetencia, fue sacado del juego legal en primera instancia por el Tribunal de Apelaciones de Managua, cuando aceptó varios recursos del gran capital bancario que se fueron de Amparo ante esa instancia, por denuncias de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, de realizar prácticas anticompetitivas por los altos intereses que se cobran por las tarjetas de crédito.

La Red esta insistiendo en que sea aprobada una Ley de Tarjetas de Créditos por la Asamblea Nacional ya que los tarjetas habientes se encuentran desprotegidos ante los bancos que cobran excesos de intereses sobre intereses que hacen impagable la deuda contraída hasta del 60 y 90 por ciento anual . Los legisladores decidieron no aprobar ninguna ley, ya que se basaron en una disposición bancaria de los emisores de tarjetas, en la cual ellos establecieron un reglamento de entendimiento entre los deudores y acreedores del dinero plástico.

Las tarjetas habientes señalan que como no es ley, solamente reglamento unilateral, se presta a que en cualquier momento sea desconocido por los emisores de las tarjetas.

Ahora el Tribunal de Apelaciones de Managua aceptó el recurso de Amparo en la cual resuelve que el Instituto de Promoción de la Competencia (Procompetencia) debe de suspender todo acto sobre la denuncia de prácticas anticompetitivas por los intereses que cobran por tarjetas de crédito, que presentó hace tres meses ante esa instancia, la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC. Los de la red señalaron en esa ocasión a los siete bancos del país de mantener prácticas anticompetitivas en el cobro de los altos intereses por el uso de las tarjetas y señalan también a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, ASOBANP.

Hay siete bancos que se le señala de violentar el libre mercado y originar pérdidas a los usuarios porque establecieron un porcentaje fijo de tasa de interés corriente, fijación de comisión por el retiro de dinero y un determinado interés moratorio. Los bancos puestos en la mira por esas supuestas prácticas ilícitas corresponden al Bancentro, BAC, Banco Procredit, Banpro, Citibank, BDF, Banex y Asobanp. Sin embargo del recuros de amparo solamente quedaron excluidos el BDF, Banex y Asobanp porque no recurrieron de Amparo, dice la RNDC.

El Presidente de Procompetencia, Doctor Luis Humberto Guzmán, había señalado por una resolución interlocutoria administrativa, había argumentado que podía conocer la denuncia anticompetitiva de los bancos ante la solicitud de la Red que no había excepciones de ilegitimidad

En la denuncia señalan a los bancos de violentar el libre mercado y causar daño a los usuarios, al acordar la fijación de la tasa de interés corriente, interés moratorio y la fijación de la comisión por cada retiro de efectivo.

Hay que recordar que a través de una resolución interlocutoria administrativa, Luis Humberto Guzmán, presidente de Procompetencia, se mostró en capacidad conforme a la ley 601 de conocer el caso de prácticas ilegales de los bancos con las tarjetas de crédito. No dio lugar a las excepciones de ilegitimidad que habían presentado los bancos que trataban de sacarlo de conocer la denuncia presentada.

La resolución señala solamente a la Superintendencia General de Bancos y otras instituciones financieras, ente regulador de las actividades bancarias, de estar facultada para investigarlos y no a Procompetencia. El caso fue trasladado del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, a la Corte Suprema de Justicia, CSJ. Es decir del Tribunal inferior al Tribunal Superior, según dijo Jorge Rosses de la RNDC. “Es una oportunidad para hacer valer la legitimidad de Procompetencia”, dijo a un medio local el líder popular.

El artículo 14, de la ley 601, Ley de promoción de la Competencia, señala en el inciso b de las atribuciones del Presidente de PROCOMPETENCIA la de : b) Conocer de oficio o por denuncia, aquellas situaciones en que pueda ser afectada la competencia en el mercado, ordenando las investigaciones e instrucción del expediente que corresponda en su caso; c) Declarar la admisibilidad o improcedencia de las denuncias presentadas; d) Solicitar ante autoridad judicial competente las medidas preventivas que correspondan a solicitud de parte o de oficio; e) Dictar las resoluciones sobre los casos investigados e imponer las sanciones que correspondan en cada caso.

martes, 19 de octubre de 2010

Detienen caso contra tarjetas

El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) resolvió a favor de cinco bancos y admitió un amparo, que ordena al Instituto de Promoción de la Competencia (Procompetencia) la suspensión de todo acto sobre la denuncia de prácticas anticompetitivas por los intereses que cobran por tarjetas de crédito.

La denuncia fue presentada en junio pasado por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) ante el Instituto Procompetencia, contra los siete bancos del país y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).

En la denuncia señalan a los bancos de violentar el libre mercado y causar daño a los usuarios, al acordar la fijación de la tasa de interés corriente, interés moratorio y la fijación de la comisión por cada retiro de efectivo.
A través de una resolución interlocutoria administrativa, Luis Humberto Guzmán, presidente de Procompetencia, no dio lugar a las excepciones de ilegitimidad interpuestas por los representantes de seis bancos y ratificó tener capacidad y competencia para conocer la denuncia.

Pero tras el amparo del TAM a los bancos, Procompetencia debería suspender todo el proceso.
La Red de los Consumidores considera que el amparo sólo beneficia a los cinco bancos que lo solicitaron, que son Bancentro, BAC, Banpro, Banco ProCredit y Citibank. Quedan al margen el BDF, el casi desaparecido Banex y Asobanp, porque éstos no introdujeron ningún recurso y podría seguir el proceso contra ellos.

RED:TAM PREFIRIÓ A LOS BANCOS.


Jorge Eduardo Rooseess, coordinador de Políticas Públicas de la Red de los Consumidores, calificó como "una decepción" que el TAM "favoreciera de esta manera los intereses de los bancos por encima de los miles de usuarios de tarjetas de crédito".

Rooseess sostiene que es un "un amparo ilegal" porque aún no se agotaba el procedimiento administrativo en Procompentencia, ya que el Consejo Directivo del mismo no había emitido una resolución final.

El recurso ante el TAM, presentado por los cinco bancos, se sustenta en desconocer las facultades del Instituto Procompetencia y sólo reconocer las de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) para vigilar al sistema bancario.

Rooseess sostiene que el TAM no se ajustó a las leyes de procedimiento civil, al no tomar en cuenta que "cuando a los bancos se les notificó de la denuncia, en el escrito de incidencia de nulidad que presentaron pidiendo desconocerla, contestaron el fondo de la denuncia y con ello se someten a la autoridad de Procompetencia".

Para Rooseess "los bancos usan su poder económico" para evitar ser investigados.Considera que ahora "está el reto" para que el Instituto Procompetencia "haga respetar su autoridad y facultades", cuando el caso sea conocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)."Le toca demostrar a los consumidores su legitimidad como autoridad recién creada, pero que se le está desconociendo desde un inicio", señaló.

DICEN QUE SIBOIF YA ABRIÓ SU PROCESO


Jaime Pérez Leiva, gerente general del banco ProCredit, dijo a LA PRENSA que se sumaron a pedir el amparo porque, en principio, no debió su entidad ser parte de la denuncia porque no es emisora de tarjetas de crédito.

Pérez Leiva afirmó que "coinciden en el criterio" con el resto de entidades bancarias, en que por la Ley de Bancos y de la Superintendencia, ésta "es el ente regulador, quien tiene que realizar este tipo de procesos".

"Estamos bajo la jurisdicción de la Superintendencia de Bancos. Por eso decimos que Procompetencia no puede ir por encima de la ley", indicó.

El banquero recordó que la Siboif abrió un proceso sobre la denuncia de prácticas anticompetitivas, por los intereses de las tarjetas de crédito que hizo la Red de los Consumidores y por tanto es la única autoridad y su decisión la que van a aceptar.

Carlos Briceño, gerente general de Bancentro, al ser consultado dijo que no podía responder porque en ese momento no conocía el fondo legal del caso.

Fuente:La Prensa

Indicadores del Banco Central confirman crecimiento

La economía nicaragüense recibió varias buenas noticias esta semana, luego que, primero el Funides, después el Banco Central y finalmente el Fondo Monetario Internacional, revisaran al alza sus proyecciones de crecimiento del PIB, al que ahora le calculan un desempeño del 3 por ciento.

Las razones de los expertos para esperar ese repunte de la economía están ligadas a la esperanza de que nuestros principales socios comerciales sigan mejorando, dato que parece refrendado a priori por el incremento de las exportaciones, que crecieron a razón de más del 30% durante los primeros ocho meses del año, hasta que en septiembre decayeron un poco, cerrando en terreno positivo con 28.25 por ciento.

Inflación es de 4.64%

En el caso del IPC, el indicador se mantiene aún por debajo del 5% (4.64%), después que creciera en 0.42 puntos porcentuales en septiembre, lo que es ligeramente más alto que el 0.30% que creció en septiembre del 2009 para quedar, en ese momento, en un acumulado de 0.19%.

De los rubros que estudia el Indice, el de ‘restaurantes y hoteles’ fue el que tuvo el mayor incremento (1.69%), y una contribución al IPC de 0.169 puntos, mientras el rubro ‘salud’, creció en 1.07% (contribución de 0.052), con otros dos indicadores creciendo en 0.61% cada uno.


Fuente:www.confidencial.com.ni